Expreso MendozaLa causa judicial que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entra esta semana en una etapa decisiva. A partir de este lunes, la fiscalía comenzará a recibir declaraciones testimoniales bajo juramento que apuntan a esclarecer el origen de los fondos utilizados en una serie de operaciones inmobiliarias que están en el centro de la investigación.
El expediente tramita ante el juez federal Ariel Lijo, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y se centra en la adquisición de propiedades a través de esquemas de financiamiento privado, es decir, con dinero de particulares y no de entidades bancarias.
Este lunes están citadas a declarar Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria María José Cancio. Ambas figuran como prestamistas en una operación de cien mil dólares garantizada con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Según la documentación relevada, Molina es una comisaria retirada de la Policía Federal que habría aportado el 85 por ciento del monto, mientras que Cancio, también integrante de la fuerza, habría cubierto el 15 por ciento restante. El préstamo habría sido pactado a dos años con una tasa del 11 por ciento anual.
El jueves será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes vendieron a Adorni un segundo departamento ubicado en Caballito. En esa operación, el funcionario habría abonado treinta mil dólares al momento de la escritura, dejando pendiente una deuda de doscientos mil dólares sin intereses a cancelar en noviembre. La particularidad que llama la atención de la fiscalía es que las vendedoras no se desprendieron completamente del crédito, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria atípica.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso será la exigencia a las testigos de presentarse con sus teléfonos celulares, con posibilidad de que la fiscalía acceda a su contenido. La medida, poco habitual en causas de este tipo, busca contrastar los registros formales con posibles comunicaciones o acuerdos informales que no hayan quedado documentados de otra manera.
A esto se suma el levantamiento del secreto fiscal sobre todas las personas citadas, lo que habilita a la justicia a revisar ingresos, declaraciones juradas y movimientos patrimoniales en profundidad. El objetivo es determinar si las prestamistas contaban con respaldo económico suficiente para justificar los préstamos otorgados.
La investigación también tiene una segunda línea de trabajo: se indaga un posible viaje en avión privado que Adorni habría realizado a Punta del Este junto a su familia, costeado por el empresario y periodista Marcelo Grandío, quien mantiene vínculos con contratos con la TV Pública. Esta arista apunta a la figura de dádivas.
En su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró deudas que superan los cincuenta millones de pesos vinculadas a las operaciones bajo análisis. La fiscalía buscará ahora verificar si esas cifras se corresponden con movimientos reales de dinero y si existe consistencia entre lo declarado y los hechos concretos.
El resultado de las declaraciones de esta semana podría definir el rumbo del expediente y el nivel de exposición judicial del principal vocero del Gobierno nacional en los próximos meses.
