San Rafael le contesta con dureza a Costarelli en medio de la pelea por la inseguridad

La inseguridad en Mendoza vuelve a encender la mecha entre dirigentes políticos, esta vez con epicentro en San Rafael y Godoy Cruz. El cruce de declaraciones entre el diputado peronista Germán Gómez y el intendente radical Diego Costarelli escaló en las últimas horas, dejando expuestas no solo las tensiones entre oficialismo y oposición, sino también la crudeza con la que se vive el flagelo del narcotráfico y la violencia en distintos rincones de la provincia.

Todo comenzó el viernes, cuando Costarelli —intendente de Godoy Cruz desde diciembre— apuntó contra su par del sur mendocino, Omar Félix, al exigirle que se haga cargo de la seguridad en su departamento. La declaración no cayó nada bien en el peronismo sanrafaelino, que de inmediato salió a contestar con dureza.

Fue Germán Gómez, legislador del PJ y presidente de la Bicameral de Seguridad, quien tomó la posta y eligió las redes sociales para responder. Su mensaje fue tan directo como provocador: “Intendente: sáquese los chupines y los puntudos para salir a caminar los barrios de su departamento, donde crecen el narcotráfico y la violencia”. La frase, con un tono burlón y cargado de desdén, se viralizó rápidamente.

Pero no fue todo. Gómez también aprovechó para pegarle donde más duele, denunciando que en los barrios del oeste de Godoy Cruz “el narcotráfico avanza sin freno” y que Costarelli “habla de un departamento sin saber”. La ironía le sirvió de vehículo para una acusación de fondo: que la provincia no está cumpliendo con sus responsabilidades en materia de seguridad, a pesar de que —como recordó— la Constitución establece que es una competencia provincial.

Lo cierto es que la disputa trasciende las frases filosas. En Godoy Cruz, vecinos de zonas como Las Dalias, Arausal y Esperanza vienen reclamando desde hace tiempo por una mayor presencia policial. Denuncian robos constantes, patrullajes escasos y móviles policiales que no alcanzan para cubrir la demanda. Algunos afirman que hay tan solo tres patrulleros para todo el oeste del departamento. A esto se suma un fuerte cuestionamiento a las cámaras de seguridad, muchas de las cuales estarían fuera de servicio o mal ubicadas, según denunció el Partido Verde en el Concejo Deliberante.

Costarelli, por su parte, ha salido a defender su gestión en varias entrevistas. Ha puesto en valor la implementación de sistemas de alerta comunitaria y la inversión en recursos para el área de Tránsito, que desde hace años coopera con la Policía. Asegura que el municipio está haciendo su parte y que no puede suplir las funciones de la Policía de Mendoza.

En San Rafael, la situación tampoco es sencilla. Gómez insiste en que las características geográficas del departamento complican las tareas de prevención del delito. Denuncia falta de móviles, de personal y de presencia policial en zonas periféricas. “Hay policías que tienen que caminar kilómetros para llegar a donde ocurre un hecho”, explicó recientemente.

En el fondo, el conflicto pone en evidencia una disputa política más amplia. Desde el entorno de Félix y otros legisladores del PJ se quejan de que el gobierno de Alfredo Cornejo intenta transferir responsabilidades sin brindar herramientas. Dicen que les exigen seguridad, pero sin fondos ni efectivos, lo que califican como una medida arbitraria y hasta inconstitucional.

El debate está servido. Mientras el oficialismo provincial reclama más protagonismo a los intendentes en la lucha contra la inseguridad, desde la oposición exigen que el Gobierno asuma lo que consideran su deber indelegable: garantizar el orden y la paz social. En el medio, los vecinos siguen esperando que, más allá de los cruces y las chicanas, alguien los proteja de verdad.