Una medida judicial tomada en las últimas horas encendió la polémica en Mendoza y reavivó el debate sobre los límites entre la protección judicial y la revictimización. La decisión recae sobre una joven de 18 años que, en 2023, denunció a seis jugadoras del equipo de hockey femenino del Club Alemán por presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido durante un rito de iniciación cuando ella tenía apenas 16.
Pese a que la causa continúa abierta y todavía no se ha elevado a juicio, la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual resolvió aplicar lo que los abogados de la denunciante describen como un “bozal legal”. Es decir, tanto la joven como sus representantes legales y los de las denunciadas tienen prohibido brindar cualquier tipo de información relacionada con el expediente.
Para la defensa de la denunciante, la resolución no solo es jurídicamente cuestionable —afirman que el decreto es nulo—, sino que también representa un nuevo golpe contra la joven, a quien consideran ahora víctima del sistema. “Se prioriza la imagen de las acusadas por sobre el derecho de la denunciante a hablar de su experiencia”, aseguraron fuentes allegadas al caso.
El expediente, que desde un comienzo fue manejado con extrema reserva, salió a la luz por la propia voluntad de la joven de hacerlo público. Había hablado en medios y en redes, con el objetivo de visibilizar lo que, según su relato, fue una experiencia traumática, y de advertir sobre una práctica que no sería aislada dentro del ambiente deportivo.
Ahora, con esta orden de silencio impuesta desde el Poder Judicial, el caso gira en otra dirección. Quienes defienden a la joven aseguran que se trata de una forma de censura encubierta, y denuncian que se busca evitar el impacto mediático de una causa que involucra a un club reconocido y a jugadoras de una categoría federada.
A pesar de que la medida también alcanza a las seis denunciadas, desde el entorno de la joven afirman que el desequilibrio es evidente: “Ellas cuentan con una institución que las respalda, con recursos y contención. Ella está sola, y ahora no puede ni siquiera hablar”.
Mientras tanto, en redes sociales y espacios feministas comenzaron a circular mensajes de apoyo a la denunciante, así como fuertes críticas al accionar judicial. Organizaciones de mujeres y especialistas en violencia de género cuestionan que el sistema, en nombre de la confidencialidad, termine silenciando a quienes buscan justicia.
La situación deja al descubierto un dilema complejo: cómo garantizar un proceso justo, preservar la presunción de inocencia y al mismo tiempo no apagar la voz de quienes denuncian. El caso sigue bajo investigación, pero su resonancia ya traspasa los límites del expediente. En Mendoza, la conversación gira en torno a la necesidad de una justicia que acompañe, contenga y no calle.
