La inseguridad en Mendoza continúa siendo una de las principales preocupaciones de sus habitantes. Con un aumento alarmante en los índices de robos, homicidios y violencia urbana, la provincia enfrenta una crisis que pone en evidencia la falta de recursos y la sobrecarga de la policía. A pesar de las inversiones en tecnología y medidas superficiales, la respuesta del gobierno sigue siendo insuficiente para enfrentar el creciente problema. Mientras tanto, los mendocinos viven con una creciente sensación de vulnerabilidad y desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Provinciales12/02/2025 Expreso MendozaMendoza, una de las provincias más importantes de Argentina, enfrenta una creciente crisis de inseguridad que no solo está afectando la vida diaria de sus ciudadanos, sino que también pone en evidencia las carencias en la gestión del gobierno provincial y municipal. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, la situación parece empeorar año tras año, con un incremento alarmante en delitos como robos, homicidios y violencia urbana.
Según los últimos datos, en 2024 Mendoza alcanzó una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, una cifra que coloca a la provincia entre las más inseguras del país, solo por debajo de Buenos Aires y Córdoba. Este aumento es un reflejo de un sistema de seguridad que, por más recursos que se asignen, no está preparado para hacer frente a la magnitud del problema. A los 31.303 robos registrados en 2023, se suman ahora 32.357 incidentes en 2024, lo que indica un aumento sostenido y preocupante.
Los homicidios, por su parte, han seguido la misma tendencia. En 2024 se registraron 71 asesinatos, un aumento del 7% respecto al año anterior. La mayoría de estos crímenes fueron considerados "ajustes de cuentas" o producto de disputas personales, lo que refleja una creciente violencia urbana impulsada, en gran parte, por la expansión del narcotráfico en la región.
Sin embargo, lo más crítico de la situación es la falta de recursos y la sobrecarga de las fuerzas de seguridad. Según varios informes, la Policía de Mendoza está desbordada y cuenta con recursos insuficientes para abordar los niveles de criminalidad actuales. En particular, la escasez de personal capacitado, la falta de equipamiento moderno y la saturación de tareas son factores que agravan la crisis. Con un índice de delitos creciente y una fuerza policial que no tiene los recursos necesarios para hacerle frente, los mendocinos se sienten cada vez más vulnerables.
En 2025, la provincia destinó más de 3.000 millones de pesos a la seguridad, que incluyen inversiones en tecnología como cámaras de vigilancia y patrullaje inteligente. Sin embargo, estas medidas han sido ampliamente criticadas como soluciones superficiales que no abordan el problema estructural de la inseguridad. Las cámaras de seguridad, si bien pueden ser útiles, no son suficientes para resolver el creciente número de delitos, especialmente cuando las fuerzas de seguridad no cuentan con el personal o la capacidad operativa para hacer frente a los delincuentes de manera eficiente.
Además, los municipios, como el de la Ciudad de Mendoza, están obligados a destinar recursos propios a financiar "seguridad extraordinaria", como el pago de policías adicionales, lo que refleja un profundo déficit en el sistema de seguridad pública provincial. El concejal Ricardo García denunció que los vecinos de la ciudad tendrán que destinar casi 12 mil millones de pesos en seguridad debido a la "desidia del Gobierno provincial", lo que pone de manifiesto la responsabilidad compartida entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales en el fracaso de la estrategia de seguridad.
La falta de políticas públicas efectivas ha sido fuertemente cuestionada. En este contexto, políticos de la oposición, como Martín González, han señalado que las soluciones presentadas por el gobierno son "cosméticas", centradas en una estrategia de marketing en lugar de en medidas reales y efectivas. La provincia continúa ignorando la necesidad de una reforma profunda en la fuerza policial, así como una mayor inversión en la formación de los oficiales, que son los que enfrentan el día a día en las calles.
La inseguridad en Mendoza no es solo un problema de cifras; es un problema social que afecta la calidad de vida de miles de mendocinos. Las políticas de seguridad deben ir más allá de la instalación de cámaras y del aumento del número de patrullajes. Se requiere una revisión estructural y una inversión en recursos humanos y materiales para garantizar una respuesta efectiva ante los delitos. De lo contrario, Mendoza seguirá siendo una provincia marcada por la inseguridad y la falta de confianza en sus instituciones.
El conflicto por las tierras que compró Abel Pintos en Lavalle suma un nuevo capítulo judicial. La Justicia imputó por usurpación a una familia que vive en uno de los lotes incluidos en la compra del cantante. La pareja asegura que adquirió el terreno de buena fe, pero descubrió que fue víctima de una estafa. Mientras la orden de desalojo sigue en pie, el equipo de Pintos busca una solución para evitar que la familia quede en la calle.
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En 2025, los mendocinos tendremos un año electoral cargado de definiciones. Las elecciones nacionales y provinciales se llevarán a cabo en distintas fechas, con las PASO nacionales programadas para el 3 de agosto y las provinciales el 9 de junio. Además, las elecciones generales se celebrarán el 26 de octubre para los cargos nacionales y el 29 de septiembre para los provinciales. La implementación de la boleta única de papel promete agilizar y transparentar el proceso electoral, garantizando una participación más eficiente.
Un sorpresivo descenso de las temperaturas en Mendoza ha tomado desprevenidos a los habitantes de la provincia, generando preocupación en distintos sectores, especialmente en la producción agrícola. Con mínimas por debajo del promedio histórico para marzo, las autoridades han emitido recomendaciones para afrontar el frío inesperado. Mientras se espera una estabilización en los próximos días, productores y meteorólogos advierten sobre posibles impactos en los cultivos y la necesidad de mantenerse alerta ante nuevas variaciones climáticas.
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La tercera noche de la Vendimia 2025: una apuesta renovadora que conquistó al público
El circo de los gremialistas no tiene límites. Esta vez, Carlos Ceverino, empleado municipal y congresal de ATE, decidió encadenarse en la Municipalidad de Luján de Cuyo para denunciar una supuesta “persecución política y gremial”. Sin embargo, la realidad es muy distinta a la que pretende instalar.
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Desesperada búsqueda en Bahía Blanca: Dos hermanas desaparecidas tras el temporal. Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, fueron arrastradas por la corriente cuando su familia intentaba huir del feroz temporal que golpeó Bahía Blanca y dejó al menos 16 muertos. Su madre, Marina Haag, mantiene la esperanza de encontrarlas con vida y lanzó un conmovedor mensaje en el cumpleaños de la mayor. Las autoridades continúan la intensa búsqueda mientras el país entero sigue el caso con angustia.
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Patricia Bullrich solicitó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que expulse a los barrabravas de los clubes que participaron en la violenta represión a la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso. La protesta, que exigía mejoras en las pensiones, terminó con más de 100 detenidos y numerosos heridos tras la intervención de la policía.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó sobre los disturbios ocurridos durante las protestas frente al Congreso, descartando que se tratara de un intento de desestabilización del Gobierno. En sus declaraciones, destacó la importancia de respetar el derecho a la protesta dentro del marco democrático y subrayó que la violencia no debe ser parte de las manifestaciones.