La creciente inseguridad en Mendoza y la falta de respuestas efectivas

Mendoza, una de las provincias más importantes de Argentina, enfrenta una creciente crisis de inseguridad que no solo está afectando la vida diaria de sus ciudadanos, sino que también pone en evidencia las carencias en la gestión del gobierno provincial y municipal. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, la situación parece empeorar año tras año, con un incremento alarmante en delitos como robos, homicidios y violencia urbana.

Según los últimos datos, en 2024 Mendoza alcanzó una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, una cifra que coloca a la provincia entre las más inseguras del país, solo por debajo de Buenos Aires y Córdoba. Este aumento es un reflejo de un sistema de seguridad que, por más recursos que se asignen, no está preparado para hacer frente a la magnitud del problema. A los 31.303 robos registrados en 2023, se suman ahora 32.357 incidentes en 2024, lo que indica un aumento sostenido y preocupante.

Los homicidios, por su parte, han seguido la misma tendencia. En 2024 se registraron 71 asesinatos, un aumento del 7% respecto al año anterior. La mayoría de estos crímenes fueron considerados "ajustes de cuentas" o producto de disputas personales, lo que refleja una creciente violencia urbana impulsada, en gran parte, por la expansión del narcotráfico en la región.

Sin embargo, lo más crítico de la situación es la falta de recursos y la sobrecarga de las fuerzas de seguridad. Según varios informes, la Policía de Mendoza está desbordada y cuenta con recursos insuficientes para abordar los niveles de criminalidad actuales. En particular, la escasez de personal capacitado, la falta de equipamiento moderno y la saturación de tareas son factores que agravan la crisis. Con un índice de delitos creciente y una fuerza policial que no tiene los recursos necesarios para hacerle frente, los mendocinos se sienten cada vez más vulnerables.

En 2025, la provincia destinó más de 3.000 millones de pesos a la seguridad, que incluyen inversiones en tecnología como cámaras de vigilancia y patrullaje inteligente. Sin embargo, estas medidas han sido ampliamente criticadas como soluciones superficiales que no abordan el problema estructural de la inseguridad. Las cámaras de seguridad, si bien pueden ser útiles, no son suficientes para resolver el creciente número de delitos, especialmente cuando las fuerzas de seguridad no cuentan con el personal o la capacidad operativa para hacer frente a los delincuentes de manera eficiente.

Además, los municipios, como el de la Ciudad de Mendoza, están obligados a destinar recursos propios a financiar "seguridad extraordinaria", como el pago de policías adicionales, lo que refleja un profundo déficit en el sistema de seguridad pública provincial. El concejal Ricardo García denunció que los vecinos de la ciudad tendrán que destinar casi 12 mil millones de pesos en seguridad debido a la "desidia del Gobierno provincial", lo que pone de manifiesto la responsabilidad compartida entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales en el fracaso de la estrategia de seguridad.

La falta de políticas públicas efectivas ha sido fuertemente cuestionada. En este contexto, políticos de la oposición, como Martín González, han señalado que las soluciones presentadas por el gobierno son "cosméticas", centradas en una estrategia de marketing en lugar de en medidas reales y efectivas. La provincia continúa ignorando la necesidad de una reforma profunda en la fuerza policial, así como una mayor inversión en la formación de los oficiales, que son los que enfrentan el día a día en las calles.

La inseguridad en Mendoza no es solo un problema de cifras; es un problema social que afecta la calidad de vida de miles de mendocinos. Las políticas de seguridad deben ir más allá de la instalación de cámaras y del aumento del número de patrullajes. Se requiere una revisión estructural y una inversión en recursos humanos y materiales para garantizar una respuesta efectiva ante los delitos. De lo contrario, Mendoza seguirá siendo una provincia marcada por la inseguridad y la falta de confianza en sus instituciones.