Las conversaciones se reactivaron en los últimos días con reuniones técnicas y políticas, pero los mandatarios provinciales mantienen reparos sobre el impacto fiscal y laboral que tendría la iniciativa en las economías regionales.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, reducir la informalidad y generar empleo privado. Sin embargo, varios gobernadores advierten que algunos cambios podrían trasladar costos a las provincias o afectar la recaudación local.
El punto más sensible está vinculado a los mecanismos de indemnización y a la flexibilización de convenios, un tema que despierta resistencias tanto políticas como sindicales en distintas jurisdicciones.
En el oficialismo reconocen que el proyecto necesitará ajustes para lograr respaldo federal. La idea de avanzar sin consenso amplio parece descartada, especialmente en un escenario legislativo fragmentado.
Mientras tanto, los gobernadores buscan garantías claras antes de acompañar una reforma que consideran estructural y de largo plazo. El diálogo continúa abierto, pero el cierre todavía no aparece cercano.
La reforma laboral se perfila así como uno de los debates más complejos del año, con impacto directo en empleo, inversión y clima social.
