El Gobierno nacional mantiene abiertas las negociaciones para avanzar con la reforma laboral en el Congreso, con un objetivo inmediato: conseguir los votos necesarios para aprobarla en el Senado durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero.
En ese armado político, uno de los puntos de mayor tensión es el capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, un tributo coparticipable que incide directamente en la recaudación de las provincias.
Los gobernadores expresaron su preocupación porque una baja de alícuotas para empresas puede traducirse en menos recursos para las arcas locales, motivo por el cual piden revisar el esquema o plantear compensaciones.
En ese marco, se mencionó que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, transmitió el reclamo al ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión reciente enfocada en los temas que se discutirán en el Congreso.
Santilli, según se informó, inició una gira de contactos con mandatarios provinciales, con posiciones diversas frente a la Casa Rosada, buscando sostener el apoyo político que el oficialismo necesita para aprobar el paquete.
El conflicto se disparó por la propuesta oficial de modificar la escala del impuesto para sociedades. En los tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente.
Desde el entorno de la negociación se dejó trascender que, por ahora, no habría intención de modificar ese artículo, pese a que los reclamos siguen sumándose en reuniones técnicas y políticas.
En el Senado se puso en marcha una comisión técnica para escuchar pedidos y sugerencias, un espacio que busca canalizar más de dos mil solicitudes de audiencia vinculadas al debate.
El oficialismo sostiene que el proceso está en etapa de conversaciones y que se escucharán posturas, aunque sin admitir públicamente cambios en el punto fiscal más sensible.
En paralelo, el clima social alrededor de la reforma se mueve. Sectores sindicales cuestionan la iniciativa y se mencionó una convocatoria para definir un paro con movilización, aun sin el respaldo unificado de las centrales.
La discusión combina dos planos: el de la política parlamentaria, donde se cuenta voto por voto, y el de la calle, donde el impacto simbólico de la reforma puede acelerar o complicar el escenario.
Con gobernadores atentos al efecto en la coparticipación y el Gobierno decidido a sostener el artículo, el debate por Ganancias se perfila como una de las bisagras que definirá el destino del proyecto.
