La investigación judicial que gira en torno a una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares y otros bienes vinculados a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA tendrá un nuevo giro procesal: la Cámara Federal de San Martín ordenó el cambio de juez.
La decisión determinó que el expediente quede radicado en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que será quien continúe con la investigación.
Según se informó, el juez del fuero penal económico porteño que intervenía hasta ahora, Marcelo Aguinsky, deberá remitir el expediente, en un reordenamiento que implica el tercer magistrado en el curso de la causa.
El fundamento central expuesto para asignar competencia fue territorial: las propiedades bajo análisis judicial están en Pilar, partido bonaerense que corresponde a la jurisdicción federal de Campana.
En la resolución se agregó un elemento institucional relevante: la AFA habría mudado su domicilio legal a Pilar en noviembre de 2024, dejando atrás la referencia histórica de la sede de la calle Viamonte.
El camarista Alberto Lugones sostuvo que el punto determinante para la configuración del presunto lavado de activos habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, dentro del partido de Pilar, donde se habría utilizado dinero ilegal para ingresarlo al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble.
En ese marco, se describieron características del predio bajo la lupa, con elementos como autos de colección, haras de caballos, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas, aspectos mencionados como parte del planteo sobre la presunta imposibilidad de afrontar una compra de semejante magnitud por parte de la sociedad propietaria señalada.
La resolución también consignó que el “eje” de las maniobras investigadas se enfoca sobre Pilar, lo que llevó al tribunal a dar lugar al planteo de la defensa y al reclamo de competencia del juzgado de Campana.
Del lado contrario, se indicó que Aguinsky había sostenido que el epicentro del caso debía permanecer en la Ciudad de Buenos Aires, en la idea de que se investigaría un presunto lavado derivado de un delito precedente vinculado a una posible defraudación a asociados de la AFA.
Esa posición, según se informó, contó con respaldo del Ministerio Público en ambas jurisdicciones, lo que grafica que la discusión no fue meramente formal sino una disputa concreta sobre dónde debe tramitar la causa.
Con el cambio definido, la investigación continuará en Campana y el próximo movimiento relevante será cómo se reordena el expediente bajo el nuevo juez y qué medidas se priorizan en el análisis de los bienes y de los presuntos circuitos de adquisición.
