Luego de casi tres décadas de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea habían llegado a un entendimiento y en Paraguay se firmó el esperado acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Sin embargo, en el Viejo Continente surgieron recientemente algunos cuestionamientos que demoran la puesta en marcha del tratado e incluso ponen en riesgo su futuro.
Ante este escenario, el Gobierno argentino se muestra preocupado por lo que sucederá, pero confía en que las partes van a solucionar sus diferencias y todo avanzará como estaba previsto. Incluso piensa en ser el primer país de la región en aprobar de manera local la iniciativa.
La cuestión fue uno de los asuntos recurrentes que la delegación argentina conversó con sus contrapartes europeas en Davos durante encuentros informales que tuvieron esta semana, aunque todavía sin definiciones concretas. El presidente Javier Milei viajó a la colonia suiza para participar del Foro Económico Mundial.
"Hoy se discutió el tema en varias conversaciones, obviamente", reconoció una fuente al tanto de la agenda que la comitiva está llevando adelante en Suiza. El mandatario nacional está acompañado por la secretaria general Karina Milei y los ministros de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, de Economía Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.
Las trabas surgieron después de que el Parlamento Europeo remitiera el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión supone la paralización del proceso hasta que los jueces dicten su conclusión.
La entrada en vigor del pacto podría retrasarse hasta dos años debido a esta revisión judicial. En Argentina, las autoridades locales buscan convertirse en el primer país de la región en aprobar el tratado, razón por la cual el proyecto fue incluido en el temario a debatirse durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero.
"Confiamos en que van a votar un acuerdo que es beneficioso para todos", sostuvo una fuente cercana a la cúpula libertaria. El tratado ingresaría por la Cámara de Diputados, pero todavía no fue enviado formalmente y hay un sector que pone en duda su discusión inmediata.
"Si se trata (y seguro se aprueba) y el Parlamento Europeo lo rechaza, estarías aprobando algo nulo, medio sin sentido", argumentan algunos legisladores. "La verdad es que todavía no está claro si se va a avanzar o no. Por ahora sigue todo igual", sostuvo una persona al tanto de las negociaciones legislativas.
La Comisión Europea optó por una estructura jurídica que permite que las medidas relativas al libre comercio avancen con mayor rapidez, ya que solo requiere del aval de los legisladores del bloque para que entren en vigencia. Sin embargo, el procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo es más complejo.
No obstante, en la presidencia de la Cámara de Diputados anticiparon que, "hasta nuevo aviso, se sigue para adelante", por lo que el plan del oficialismo no cambiaría por los conflictos en la UE. En el recinto, La Libertad Avanza tendría el apoyo necesario para darle media sanción al texto.
El PRO ya anticipó su acompañamiento al celebrar que se haya convertido en realidad "el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019". Los legisladores de la UCR argumentaron que "en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables".
También hubo representantes de bloques del centro, como Provincias Unidas y la Coalición Cívica, que respaldaron la iniciativa. En Europa, en tanto, todavía hay países reticentes con algunos aspectos del tratado, especialmente los vinculados a la importación de productos agrícolas y ganaderos provenientes del Mercosur.
La situación persiste a pesar de la decisión inesperada de incluir una cláusula que podría frenar los beneficios arancelarios para los países de América del Sur en esos sectores, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre las exigencias ambientales y sanitarias que impone Europa.
El Gobierno argentino mantiene su estrategia de avanzar con la aprobación local mientras se resuelven los conflictos en el Parlamento Europeo, apostando a que la presión política y económica termine desbloqueando el acuerdo en los próximos meses.
