La reforma del régimen penal juvenil generó cuestionamientos por parte de jueces y especialistas del sistema judicial, que advirtieron sobre el enfoque punitivo de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Según los magistrados, el proyecto pone el acento en el castigo y la baja en la edad de punibilidad, sin contemplar adecuadamente políticas de prevención, inclusión social y acompañamiento integral.
Los cuestionamientos apuntan a que la reforma podría contradecir principios establecidos en tratados internacionales sobre derechos de la niñez, que promueven medidas socioeducativas antes que sanciones penales.
Desde el ámbito judicial se remarcó que el sistema actual presenta falencias, pero que su modificación requiere un abordaje amplio y multidisciplinario, más allá del endurecimiento de penas.
También se advirtió sobre el riesgo de sobrecargar el sistema penal con adolescentes, sin garantizar recursos suficientes para su tratamiento y reinserción.
El debate se da en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad, un factor que atraviesa la discusión política y legislativa.
Los jueces insistieron en la necesidad de abrir un debate profundo y técnico antes de avanzar con cambios estructurales en el régimen penal juvenil.
La reforma continúa en análisis y promete generar un fuerte intercambio de posiciones en el Congreso y en la sociedad.
