El Gobierno nacional formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso y, al mismo tiempo, incorporó un nuevo tema a la agenda legislativa: una reforma relacionada con el financiamiento universitario. La medida quedó plasmada en un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni.
Según lo informado, la extensión del período se fijó hasta el 28 de febrero, lo que amplía el margen para el tratamiento de proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios. Con esa fecha tope, la Casa Rosada busca sostener el ritmo parlamentario en el tramo final del calendario de extraordinarias.
La decisión se apoya en las facultades constitucionales que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar y ampliar sesiones fuera del período ordinario. En ese marco, el decreto cita los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional como sustento formal de la convocatoria.
El texto también deja asentado que la prórroga alcanza a las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas con anterioridad. En concreto, se indica que se extienden las extraordinarias dispuestas por un decreto previo del 18 de enero de 2026.
Además de estirar el calendario, el Gobierno resolvió sumar un punto de alto voltaje político y social: la consideración de una reforma sobre la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria. La ampliación del temario incorpora el debate por recursos, funcionamiento del sistema y salarios docentes.
En la redacción oficial se consigna que esa iniciativa será enviada por el Poder Ejecutivo para su tratamiento dentro del esquema de extraordinarias. Esto implica que el Congreso quedará habilitado para discutirla en el mismo marco temporal que el resto de los proyectos incluidos en la convocatoria.
La medida se conoce en un contexto en el que el oficialismo intenta ordenar el tablero legislativo antes del 1° de marzo, cuando comienza el período ordinario y se reconfigura la dinámica política de la agenda parlamentaria. Con la extensión, el Ejecutivo gana días decisivos para negociar y acelerar trámites.
En términos institucionales, el decreto también detalla el circuito administrativo habitual: fue publicado en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de febrero y ordena su comunicación al Registro Oficial para su vigencia formal.
La inclusión del capítulo universitario amplía el alcance de las extraordinarias hacia un terreno particularmente sensible. El financiamiento de universidades y la recomposición salarial docente suelen condensar tensiones entre oficialismo, oposición, sindicatos y el propio sistema educativo, por el impacto presupuestario y político.
Con esta ampliación, el Gobierno no sólo estira el plazo: también rediseña el temario con un asunto que puede concentrar discusión pública y legislativa en pocos días. El efecto práctico es que el debate se incorpora a la recta final del período extraordinario y puede condicionar el cierre de acuerdos.
En síntesis, la prórroga hasta el 28 de febrero y la incorporación de la reforma universitaria consolidan una estrategia de tiempo y agenda: más días para sesionar y más temas en carpeta, con el objetivo de sostener la iniciativa política antes del cambio de etapa parlamentaria.
