La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar este jueves a partir de las 14 con el objetivo de tratar el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza y bajo la conducción del presidente de la Cámara, Martín Menem, buscará consolidar una mayoría tras formalizar modificaciones de último momento al texto original.
El cambio más significativo para destrabar el debate fue la eliminación del artículo 44, que establecía que los trabajadores bajo licencia por enfermedad percibieran entre un 50% y un 75% de su salario. La decisión fue coordinada entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, en respuesta a la presión de bloques dialoguistas y al rechazo expresado por el sector sindical.
Al haberse modificado el texto aprobado por el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su sanción definitiva. Ese trámite está previsto para el próximo 27 de febrero, en caso de que el proyecto obtenga aprobación en Diputados.
En una jornada atravesada por el paro general convocado por la CGT, el debate se desarrolla en un clima de tensión sindical y fuerte expectativa política, dado que se trata de una de las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo nacional.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece una clasificación de servicios esenciales, en los cuales deberá garantizarse un 75% de la prestación durante medidas de fuerza. También se definen actividades trascendentales, que deberán cubrir al menos el 50% de sus tareas habituales en caso de paro.
La iniciativa habilita además el pago de sentencias judiciales laborales en cuotas. El esquema prevé un plazo de hasta seis meses para grandes empresas y hasta doce meses para pequeñas y medianas empresas.
En materia de formalización laboral, se contempla la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que establece una reducción de contribuciones patronales al 8% durante un año por cada nueva incorporación que incremente la nómina real.
Otro punto de debate es la posibilidad de acreditar salarios a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), es decir, billeteras virtuales. Aunque esta opción fue eliminada en el Senado por objeciones del sector bancario, bloques como el PRO y sectores del MID impulsan su reincorporación durante el tratamiento en el recinto.
Respecto a las licencias médicas, si bien se retiró la reducción salarial, el proyecto refuerza el control patronal exigiendo certificados médicos más detallados y habilitando a los empleadores a solicitar revisiones mediante juntas médicas.
Entre los ejes estructurales se incluye un nuevo esquema indemnizatorio para despidos sin causa, redefiniendo la base de cálculo sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y excluyendo explícitamente el aguinaldo y premios extraordinarios.
También se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo inembargable supervisado por la Comisión Nacional de Valores, financiado con aportes patronales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para mipymes, destinado a respaldar el pago de indemnizaciones.
En cuanto a la actualización de créditos laborales, se establece que se ajustarán por IPC más un 3% anual. Asimismo, se habilita la creación de un “banco de horas” voluntario que permitirá compensar horas extra con francos, siempre respetando los descansos legales.
