La resolución conjunta elimina las limitaciones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había impuesto hace más de una década sobre el patentamiento farmacéutico, con el argumento de proteger el acceso a medicamentos genéricos a precios accesibles. El nuevo esquema abre la puerta a que laboratorios multinacionales obtengan protección de patentes más amplia sobre sus productos en Argentina.
El ministro de Economía Luis Caputo impulsó la medida en el contexto de las negociaciones para un posible acuerdo comercial con Washington. La administración Trump había señalado la propiedad intelectual como uno de los puntos que Argentina debía resolver para avanzar en la relación bilateral.
El impacto para el consumidor es directo: una mayor protección de patentes tiende a extender el período de exclusividad de los laboratorios originales, lo que retrasa la entrada al mercado de versiones genéricas más baratas. En Argentina, donde el acceso a medicamentos es una preocupación central dada la inflación sanitaria de los últimos años, la medida generó cuestionamientos desde el sector de la salud pública.
La industria farmacéutica local recibió la noticia con preocupación. Los laboratorios nacionales que producen genéricos alertaron sobre el riesgo de perder competitividad frente a las multinacionales que ahora tendrán una protección más extensa sobre sus moléculas.
Para Mendoza, donde la accesibilidad a medicamentos en las obras sociales provinciales y el PAMI es un tema sensible, la medida puede traducirse en mayores costos sanitarios en el mediano plazo.
