
El Gobierno de Mendoza intervino los Bomberos Voluntarios de Guaymallén por irregularidades
Expreso MendozaEl Gobierno de Mendoza dio un paso formal y contundente en el conflicto institucional que arrastra la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén: mediante el Decreto N° 504, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, dispuso la intervención administrativa plena del organismo por un plazo de seis meses.
La medida no surge de la nada. El proceso venía gestándose desde septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo provincial dispuso una intervención parcial con la designación de Mónica Beatriz Elías como coadministradora con derecho a veto. Fue la propia Elías quien solicitó formalmente avanzar hacia una intervención total, ante las dificultades para gestionar la entidad con las limitaciones que imponía su rol previo.
El decreto designa ahora a Elías como interventora plena, dotándola de todas las atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades propias de los órganos de administración y representación de la asociación. La medida se fundamenta en las irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional de la entidad, en el marco de lo previsto por la Ley N° 9577, que habilita la intervención de asociaciones civiles sin fines de lucro ante situaciones de ese tipo.
La decisión contó con el respaldo de un dictamen jurídico del área correspondiente y una resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, que consideró procedente avanzar con la medida en función de la situación institucional de la asociación.
Los Bomberos Voluntarios son una pieza fundamental en el sistema de respuesta ante emergencias de Guaymallén, uno de los departamentos más poblados de la provincia. Incendios, accidentes, inundaciones y rescates dependen en buena medida de la operatividad de esa institución. Por eso, las irregularidades en su gestión no son un asunto exclusivamente administrativo: tienen impacto directo en la seguridad de los vecinos.
La intervención implica que durante seis meses la conducción de la asociación quedará en manos del Estado provincial, con el objetivo declarado de normalizar su funcionamiento. Al término del período, se evaluará la situación y se definirán los pasos a seguir.


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