Expreso MendozaUn consorcio internacional de periodistas publicó esta semana una investigación basada en 76 documentos filtrados que acusan a un grupo de espionaje ruso conocido como "La Compañía" de haber impulsado durante 2024 una campaña de desinformación contra el gobierno de Javier Milei, con presuntos pagos a medios digitales argentinos por un valor estimado superior a los USD 280.000.
El grupo en cuestión sería una estructura derivada del Grupo Wagner, reconfigurada tras la muerte de Yevgeny Prigozhin y operando bajo la órbita de organismos de inteligencia rusos como el Servicio de Inteligencia Exterior conducido por Sergei Naryshkin. La investigación estuvo a cargo de medios como openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks.
Según el material analizado, las operaciones habrían combinado difusión de información verdadera y falsa, intentos de profundizar divisiones internas del gobierno, apoyo indirecto a sectores opositores y promoción de tensiones con países de la región. Los informes también mencionan la elaboración de encuestas, reuniones con actores políticos y sindicales, y contactos con analistas de la oposición. Entre los contenidos habrían aparecido estudios sobre la capacidad militar-industrial argentina y los recursos energéticos en la Antártida.
Se contabilizaron 250 artículos publicados en medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024. El gobierno de Milei reaccionó con dureza: el presidente salió en redes sociales a señalar directamente a los medios mencionados en la filtración y a vincularlos con los pagos rusos. Afirmó que "los mismos medios que reciben dinero de Rusia son los mismos que difunden encuestas truchas sobre una supuesta caída de la imagen de Milei", una narrativa que el oficialismo explotó para defenderse también de las críticas por el caso Adorni.
No obstante, la lectura del material filtrado exige cautela. Los propios investigadores internacionales aclararon que no fue posible verificar de manera concluyente si los pagos consignados se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Los medios mencionados rechazaron cualquier participación y señalaron que en varios casos los contenidos cuestionados fueron provistos por intermediarios no identificados, lo que más que hablar de corrupción deliberada podría indicar una falta de chequeo editorial.
La denuncia tiene relevancia pública independientemente de sus conclusiones definitivas, porque describe un fenómeno real y documentado en otros países: la interferencia de actores externos en ecosistemas mediáticos nacionales mediante campañas de desinformación pagadas. Pero también es evidente que el oficialismo la utilizó como herramienta política en un momento de desgaste, y esa utilización debe leerse con la misma mirada crítica que cualquier otro uso del poder.
