Expreso MendozaEl ministro de Economía Luis Caputo salió al frente de la polémica que generó la revelación de que varios funcionarios de su equipo y del Gobierno tomaron créditos hipotecarios de altos montos en el Banco Nación. Lejos de pedir disculpas o distanciarse del tema, el ministro lo reivindicó sin matices: "Los tomaron por recomendación mía".
Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, con un préstamo inicial de $373.000.000 (aproximadamente USD 315.000) desde febrero de 2025, y Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, con un crédito de $367.059.000 (unos USD 280.787) desde agosto de 2025. También figuran en los registros Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un préstamo de $309.507.000, y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero, con deudas de entre $230 y $280 millones.
Caputo defendió la práctica con argumentos económicos. Dijo que el crédito hipotecario fue uno de los motores más importantes de la reactivación y que lo ve como "una oportunidad única" para quienes tienen trabajo. "¿Qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años para pagarla cash?", argumentó. Sostuvo que las propiedades van a subir de precio y que hay sobrestock ahora, lo que hace que esta sea una ventana favorable para comprar.
Sobre las condiciones de los préstamos, el ministro aseguró que las tasas, los plazos y los montos son los mismos para todos y que el acceso depende del ingreso y el análisis crediticio de cada caso. "Federico Furiase fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común", afirmó.
También se refirió al caso de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue apartado del cargo luego de que se conociera su crédito. Caputo aclaró que ese desplazamiento no tuvo relación con el préstamo y que la propia ministra Sandra Pettovello lo confirmó: "Me dijo que tiene otros funcionarios que tienen crédito".
Caputo rechazó con dureza cualquier lectura que equipare la situación a una irregularidad. "Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito", afirmó. Destacó que el banco otorgó más de 27.000 préstamos y que los casos de funcionarios representan menos del 0,2% del total.
La polémica emerge en un momento políticamente delicado para el Gobierno, que ya venía siendo cuestionado por el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El crédito de los funcionarios no es ilegal por sí mismo, pero el debate político de fondo es si resulta razonable que altos funcionarios —con salarios que ya ubican a sus familias en un segmento privilegiado del país— accedan de manera preferente a créditos de una entidad estatal cuya misión es llegar a sectores que el mercado privado no atiende.
