La necesidad de reducir la edad de imputabilidad en Argentina

En un contexto donde los índices de violencia juvenil no cesan de aumentar, la propuesta del presidente Javier Milei de reducir la edad de imputabilidad penal a 10 años ha reabierto un debate crucial sobre cómo enfrentar la creciente ola de criminalidad juvenil. Esta medida, que ya ha sido implementada con éxito en otros países como Brasil y Uruguay, busca aplicar la justicia de manera firme a aquellos que cometen delitos graves, independientemente de su edad.

Desde una perspectiva conservadora, la baja de la edad de imputabilidad responde a un principio elemental: el derecho a la seguridad de la sociedad debe prevalecer sobre la impunidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha señalado que los menores de edad que cometen crímenes graves deben ser responsables de sus actos. No es razonable que jóvenes que ya cuentan con plena capacidad para cometer delitos violentos, como homicidios, robos o violaciones, queden exentos de enfrentar las consecuencias legales por su comportamiento.

En este sentido, la propuesta no busca castigar a los niños de manera indiscriminada, sino reconocer que la delincuencia juvenil está fuera de control y que es necesario un cambio en las políticas judiciales para frenar la impunidad. Al imponer una sanción penal más estricta, el gobierno pretende enviar un mensaje claro: la justicia se aplica sin distinción de edad, lo que genera una disuasión frente al delito.

El creciente número de delitos cometidos por adolescentes es un claro indicativo de que el sistema actual ya no funciona. La impunidad que rodea a muchos menores infractores ha llevado a una mayor reincidencia, y las consecuencias de sus actos afectan a las víctimas y a la seguridad pública en general. Según el Ministerio de Seguridad, los menores de 16 años son responsables de una parte significativa de los delitos violentos en el país, lo que hace urgente un cambio en la legislación.

Reducir la edad de imputabilidad no solo se trata de aplicar sanciones, sino de enviar un mensaje claro de que el Estado no permitirá que la delincuencia juvenil siga creciendo. La sociedad exige respuestas, y la justicia debe ser imparcial, aplicándose igualmente a todos los individuos, independientemente de su edad.

Desde el punto de vista conservador, este enfoque también responde a una visión de la justicia basada en la responsabilidad individual. Si bien es cierto que los menores de edad no tienen el pleno discernimiento de los adultos, existen pruebas claras de que muchos jóvenes están completamente conscientes de la gravedad de sus actos. Además, la medida propone un sistema de justicia que distingue entre delitos graves y menores, lo que significa que los menores no serán tratados de la misma manera que los adultos, sino que recibirán penas acordes a su edad y la naturaleza de su crimen.

La propuesta también abre la puerta a un sistema de rehabilitación para aquellos que cometieron infracciones menores, pero quienes incurrieron en delitos de alta gravedad deberán enfrentar consecuencias más estrictas. Esto no solo busca proteger a la sociedad, sino también garantizar que los jóvenes responsables de crímenes severos enfrenten las consecuencias de sus actos.

La implementación de un sistema de imputabilidad más baja en países como Brasil y Uruguay ha mostrado resultados positivos. Estos países han logrado reducir la incidencia de delitos graves cometidos por menores, demostrando que la justicia penal más estricta puede tener un efecto disuasivo real. En Uruguay, por ejemplo, la reforma ha sido vista como un paso necesario para combatir la criminalidad juvenil, y los resultados han sido favorables en términos de reducción de crímenes violentos.

En Argentina, la propuesta de Milei busca aplicar un enfoque similar, adaptado a las necesidades y características locales, pero con el mismo objetivo: restaurar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En última instancia, la reducción de la edad de imputabilidad no es solo una cuestión de política penal, sino una medida necesaria para restaurar el orden y la justicia en una sociedad cada vez más afectada por la violencia juvenil. Es fundamental que los jóvenes comprendan que no están por encima de la ley, y que sus acciones tienen consecuencias. La propuesta de Javier Milei es un paso firme hacia un sistema judicial que se adapta a los tiempos que vivimos y que garantiza la protección de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como niños y ancianos.

A medida que este debate avanza, es importante que la sociedad comprenda que la seguridad es un derecho fundamental y que la justicia no debe ser ciega ante quienes eligen el camino del crimen, independientemente de su edad. La propuesta de reducción de la edad de imputabilidad es una respuesta necesaria y valiente ante un problema que ha dejado de ser ignorado.