La Justicia mendocina está a punto de definir el destino de uno de los aumentos más controvertidos del año: el del Impuesto Automotor. Este incremento, que en algunos casos supera el 180% en comparación con el año pasado, ha generado un fuerte rechazo entre los contribuyentes, quienes argumentan que la medida es desproporcionada y afecta a muchos en medio de una economía complicada. La disputa se centra en el cambio en la metodología utilizada para calcular el impuesto.
Hasta 2024, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) empleaba una tabla de valores provista por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), que generalmente se ajustaba de manera más conservadora a los valores del mercado. Sin embargo, en 2025, la ATM decidió adoptar los valores de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), lo que, según expertos, ha disparado los valores a niveles más altos que los de la DNRPA. Este cambio se traduce en un aumento considerable de los montos a pagar por los propietarios de vehículos.
El gobierno provincial ha defendido esta modificación argumentando que los valores establecidos por la DNRPA estaban desactualizados y ya no reflejaban la realidad del mercado. Según el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el nuevo sistema de cálculo es más acorde con la situación actual del mercado automotor, algo que, según él, no solo beneficia a la provincia, sino que también asegura una mayor equidad en la distribución de los impuestos.
Sin embargo, el Partido Verde, a través de un recurso de amparo, cuestiona la legalidad de esta actualización. Argumentan que el cambio en la base de cálculo no solo es excesivo, sino que se realizó sin el consenso adecuado y podría afectar a los sectores más vulnerables. La disputa llegó a la Corte, y el juez a cargo del caso está esperando los dictámenes de las partes involucradas para tomar una decisión. Mientras tanto, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno han salido a respaldar la postura oficial, sugiriendo que el amparo debería ser rechazado.
Lo que está en juego ahora es mucho más que un simple ajuste impositivo. Este fallo podría sentar un precedente sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la modificación de las bases de cálculo de los impuestos y cómo estas modificaciones afectan a los ciudadanos. Con la decisión judicial pendiente, los mendocinos siguen expectantes, conscientes de que el resultado podría definir el monto final que deberán abonar por el Impuesto Automotor en los próximos períodos.
