El Monstruo de Las Heras enfrenta el avance imparable de la justicia

Las Heras vuelve a estremecerse. No por una tormenta, ni por un hecho policial aislado, sino por la historia oscura y repetida de un hombre que, según la justicia y varias víctimas, convirtió su entorno más íntimo en un infierno. Se trata de Víctor Aníbal Rodríguez, apodado por la opinión pública como el “Monstruo de Las Heras”, acusado de cometer una seguidilla de abusos sexuales que dejaron una estela de horror, dolor y silencio forzado durante años. Hoy, ese silencio empieza a romperse.

Con su captura reciente y las causas unificadas en sede judicial, Rodríguez enfrenta una situación judicial comprometida: ya son al menos cuatro las mujeres que lo denuncian, entre ellas menores de edad, familiares directas y una estudiante universitaria de 20 años que sufrió un brutal secuestro y abuso el mes pasado. La justicia no tiene dudas: el expediente tiene la densidad probatoria suficiente para avanzar sin freno hacia el juicio oral.

Pero lo más fuerte ocurrió en los últimos días. Una joven de 18 años, sobrina del acusado, se presentó ante la fiscalía y declaró formalmente los abusos que sufrió entre los 12 y 13 años. Según consta en el expediente, su relato había sido tomado inicialmente por una trabajadora social, pero ahora la joven decidió dar un paso al frente: compareció en persona, describió lo ocurrido y pidió que se active la acción penal. Esa decisión no solo aportó un testimonio desgarrador, sino que permitió transformar una sospecha en prueba judicial sólida.

La causa se tramita bajo la órbita del fiscal Darío Nora, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, quien decidió unificar todos los hechos en un expediente que no deja margen para la duda: Rodríguez está imputado por una serie de delitos gravísimos, entre ellos abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, abuso sexual agravado por la convivencia con menores, abuso sexual simple y rapto. Las penas, en caso de ser hallado culpable, podrían superar los 40 años de prisión.

La pieza más cruda del expediente surgió el pasado 7 de abril. Ese día, una joven universitaria fue secuestrada y abusada durante horas en una vivienda precaria de El Borbollón. Apareció esa noche caminando por su barrio, en estado de shock, desorientada, con las ropas desordenadas y la mirada vacía. Alcanzó a contarle a su madre que un hombre la había interceptado, drogado, retenido y violado. La Policía, advertida por la denuncia de desaparición realizada horas antes, activó el protocolo y al día siguiente ya tenía un nombre: Víctor Rodríguez.

No era la primera vez que aparecía en una causa judicial. Desde noviembre, cuando su cuñada lo denunció por abusar de sus dos hijas pequeñas, Rodríguez estaba prófugo. Se movía entre casas de conocidos, dormía en zonas descampadas, evitaba las cámaras y mantenía contacto mínimo con su círculo más próximo. La causa por la joven universitaria fue el catalizador que permitió acelerar su captura. Fue detenido el 15 de abril, en una casa en El Algarrobal. No opuso resistencia.

Desde entonces está alojado en el penal Boulogne Sur Mer. No declaró en ninguna de las causas y es asistido por la Defensoría Oficial. El fiscal Nora, por su parte, solicitó una prórroga legal para poder incorporar una batería de pruebas fundamentales: los resultados de laboratorio sobre los hisopados realizados a la víctima del 7 de abril y a su ropa interior, la identificación de huellas dactilares en el lugar del ataque, y las declaraciones de varias vecinas que auxiliaron a la joven tras escapar de su agresor.

El expediente no es solo judicial. Tiene una dimensión humana insoportable. La madre de la estudiante violada denunció públicamente que Rodríguez merodeaba la zona durante las vigilias por su hija. “Lo teníamos ahí, en la cara. Nadie lo detenía. No podíamos dormir”, dijo, antes de contar que, por miedo, la familia entera decidió mudarse. Y como ellas, hay otras. Otras madres, otras jóvenes, otros silencios que ahora se transforman en palabras en sede judicial.

Los investigadores trabajan contrarreloj. El objetivo es claro: consolidar toda la prueba y elevar la causa a juicio lo antes posible. Pero no se trata solo de un expediente más. Para la fiscalía, para las víctimas, para sus familias, este caso representa algo más profundo: la posibilidad de que una estructura de impunidad se rompa. Que los abusos sistemáticos no vuelvan a quedar impunes. Que el miedo empiece a ceder.

Mientras tanto, la comunidad de Las Heras observa con atención. Hay bronca, hay dolor y hay una necesidad urgente de justicia. El nombre de Víctor Aníbal Rodríguez, ya instalado como sinónimo del horror, se convirtió también en un punto de inflexión. La justicia se mueve, las víctimas hablan, y un juicio que promete ser histórico comienza a tomar forma.