El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su respaldo a la propuesta del Gobierno nacional liderado por Javier Milei, que busca flexibilizar las condiciones para retirar dólares “del colchón” sin requerir explicaciones detalladas sobre su origen. Durante una reunión con otros mandatarios provinciales, Cornejo reveló además un pedido que realizó el Ejecutivo nacional respecto a la armonización de los controles fiscales entre Nación y provincias.
En detalle, el Gobierno propuso una adenda que apunta a que los organismos tributarios provinciales adopten un esquema similar al que se aplica en la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA). Según explicó Cornejo, ARCA está obligada a proveer información al Estado provincial sobre los contribuyentes y sus facturaciones, pero no exige justificaciones para ciertos movimientos. La intención es que, bajo esta adenda, las provincias tampoco tengan que solicitar explicaciones a los contribuyentes en esos casos, equiparando el trato que reciben los fondos entre jurisdicciones.
El gobernador detalló que la reunión tuvo como propósito informar a los mandatarios sobre el contenido de las resoluciones y el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para formalizar estos cambios. Asimismo, aclaró que la flexibilización no será absoluta: cuando el origen de los fondos supere los 50 millones de pesos, seguirá siendo necesario justificar su procedencia, estableciendo así un límite para mantener cierto nivel de control.
Esta iniciativa busca facilitar la formalización y movilidad de capitales en un contexto donde muchos ahorros permanecen fuera del sistema financiero, promoviendo una mayor transparencia sin generar trabas excesivas para movimientos de montos moderados. A su vez, el pedido del Ejecutivo nacional refleja un intento de armonizar las normas entre Nación y provincias, evitando duplicidades y discrepancias en la fiscalización.
Cornejo respaldó la propuesta general, pero subrayó la importancia de que las provincias puedan mantener un rol activo en la gestión tributaria, adaptando los controles a sus propias realidades sin perder autonomía. La medida se enmarca en una serie de discusiones sobre la distribución y administración de recursos entre los distintos niveles del Estado.
