Tras una sesión extensa, Diputados aprobó en general la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El objetivo político: terminar con la “aprobación tácita” y fijar plazos claros para que el Congreso se pronuncie.
Sin embargo, en la votación en particular se cayó el artículo clave que imponía un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras avalaran los DNU. Esa modificación obliga a que el proyecto regrese al Senado para una nueva revisión.
La oposición mostró mayoría para el avance general, mientras que el oficialismo leyó la caída del artículo como un “freno” a una sanción exprés que pretendía cerrarse antes de las elecciones.
En números, la planilla dejó 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. En los pasillos ya se habla de una negociación fina en la Cámara alta para reinstalar el reloj de 90 días o buscar una alternativa.
Más allá de la pulseada, el mensaje institucional es nítido: el Congreso quiere recuperar el control real sobre los DNU y evitar que la excepción se convierta en regla.
Para las provincias, incluido Mendoza, el impacto es directo: mayor previsibilidad a la hora de discutir obras, recursos y regulaciones que suelen definirse por decreto.
