La Justicia de Mendoza abrió formalmente el concurso preventivo de acreedores de Bodega Norton, uno de los emblemas de la vitivinicultura argentina, dando inicio a un proceso judicial que fija plazos y condiciones para la renegociación de sus compromisos financieros.
La compañía enfrenta una deuda bancaria superior a los $44.000 millones, según informó el Boletín Oficial, y registra más de un centenar de cheques rechazados por un monto total de más de $1.100 millones.
El concurso preventivo es un instrumento legal que permite a las empresas en dificultades intentar reestructurar sus pasivos bajo la supervisión judicial, con el objetivo de evitar una quiebra inmediata y sostener la continuidad de la actividad económica.
El primer paso del proceso fue la designación de una sindicatura que deberá presentar un informe técnico antes del 6 de abril de 2026, evaluación clave para determinar la real situación económica de la empresa.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el 22 de junio de 2026 para iniciar la verificación de créditos y aportar la documentación requerida para validar sus reclamos.
Las posibles impugnaciones u observaciones de acreedores podrán presentarse hasta el 4 de agosto de este año, según el cronograma judicial establecido.
El concurso se prolongará más allá de 2026: la exclusividad para presentar ofertas de pago y propuestas de reorganización vence el 14 de abril de 2027, lo que implica un año y medio de negociación y presentación de acuerdos potenciales.
Durante el proceso, Norton quedó inhibida de disponer de bienes y se impusieron restricciones para los directivos con domicilio en Argentina, incluyendo la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
La situación de Norton refleja las tensiones financieras que afectan a buena parte de la industria vitivinícola, marcada por la inflación, la caída del consumo interno y las dificultades para sostener exportaciones en un contexto económico adverso.
Los plazos y pasos establecidos por la Justicia serán determinantes para definir si la bodega logra reestructurar sus pasivos y preservar su operatividad, o si el proceso deberá desembocar en medidas más drásticas.
