El Gobierno eliminó el aporte obligatorio a la Coviar y pone en jaque el futuro de la vitivinicultura argentina

Un golpe directo al corazón institucional de la vitivinicultura argentina. El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 55/2026, que elimina el aporte obligatorio que bodegas y viñedos realizaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), y cierra formalmente el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI).

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, establece en su artículo 6 la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849 y de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional ligada al PEVI. No hay prórroga.

Además, la resolución otorga a la Coviar un plazo máximo de tres meses para presentar un informe de cierre que incluya logros obtenidos, uso de fondos y rendición de cuentas ante las autoridades nacionales.

La Coviar es un organismo público-privado creado para gestionar y articular las acciones necesarias para cumplir los objetivos del PEVI. Con la finalización del plan, su razón de ser queda desdibujada. Aunque no se dispone su disolución formal, queda económica y políticamente en jaque.

El organismo se financiaba mediante las contribuciones que les imponía la ley a los establecimientos elaboradores de vino y a los productores de uva. Sin ese flujo de fondos y sin un nuevo plan estratégico que lo reemplace, la pregunta sobre cómo sostenerse financieramente no tiene respuesta clara por ahora.

La decisión llega en un momento muy delicado para el sector vitivinícola, que atraviesa una crisis que combina caída en el consumo interno, dificultades de exportación y costos crecientes. Para Mendoza, principal provincia productora del país, el impacto potencial es significativo.

Las tensiones entre el Gobierno nacional y la Coviar venían de antes. En agosto del año pasado, el Directorio del organismo había aprobado un aumento del 45% en la alícuota de la contribución obligatoria, medida que el Ejecutivo rechazó de plano junto con representantes del propio sector bodeguero.

Con esta resolución, el Gobierno consolida su postura de eliminar organismos y esquemas de financiamiento que considera una forma de presión impositiva disfrazada de política sectorial. La lógica es la misma que se aplicó en otros ámbitos: si el mercado no lo sustenta, el Estado no lo subsidia.

Lo que está en juego, sin embargo, es la capacidad del sector vitivinícola argentino —y mendocino en particular— de planificar su desarrollo en el largo plazo con respaldo institucional. Esa es la discusión que recién comienza.