Mendoza pone en vigencia la ley que regula el transporte y descarga de líquidos cloacales e industriales

Mendoza puso en marcha una nueva ley que regula de manera integral la recolección, el transporte y la descarga de líquidos cloacales e industriales en toda la provincia. La normativa cubre una actividad que hasta ahora carecía de un marco unificado y venía funcionando con controles dispersos e insuficientes.

La medida apunta principalmente a terminar con los vuelcos clandestinos y el manejo inadecuado de efluentes, una práctica que genera contaminación del suelo, de napas subterráneas y riesgos para la salud pública. En un territorio con escasez hídrica estructural como Mendoza, la protección del agua subterránea y de los cauces es una prioridad que la nueva ley busca reforzar.

Uno de los instrumentos centrales de la regulación es el "manifiesto de carga", un documento obligatorio que deberá acompañar cada traslado de líquidos cloacales o industriales. Allí quedará registrado el generador del efluente, el transportista, el vehículo utilizado y el punto de descarga habilitado. El sistema funcionará como declaración jurada y permitirá rastrear el circuito completo de los residuos líquidos desde que son extraídos hasta que llegan a su disposición final.

La ley alcanza a un amplio universo de actores: empresas transportistas, industrias, comercios, municipios y particulares que generen este tipo de efluentes. Todos quedan alcanzados por las nuevas obligaciones y por el esquema de fiscalización permanente que establece la normativa.

El Departamento General de Irrigación será la autoridad de aplicación. Tendrá a cargo la habilitación de empresas y vehículos, la autorización de los puntos de descarga, la realización de inspecciones periódicas y la aplicación de sanciones, suspensiones y multas ante incumplimientos.

La ley prevé además la publicación de registros actualizados de empresas habilitadas y sancionadas, con el objetivo de transparentar el sistema y facilitar la fiscalización ciudadana. También contempla la coordinación entre organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad para reforzar los operativos de control en campo.

El Gobierno provincial sostiene que la iniciativa busca fortalecer la protección ambiental y sanitaria, unificar criterios técnicos y garantizar que los residuos líquidos reciban un tratamiento adecuado antes de su disposición final. Para Mendoza, que cuida el agua como ninguna otra provincia del país, ordenar este circuito no es un detalle burocrático sino una necesidad real.