La Justicia ordena una indemnización millonaria a una mujer tras 15 años de violencia de género

Durante quince años, una mujer mendocina vivió atrapada en una pesadilla que dejó huellas profundas en su salud, en su vida profesional y en su entorno familiar. Hoy, la Justicia le dio un respaldo contundente: su expareja fue condenado a pagarle una indemnización de 80 millones de pesos por haberla sometido de manera sistemática a distintas formas de violencia de género.

El fallo, emitido por el Segundo Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, marca un antes y un después en materia de reparación económica a víctimas de violencia en el ámbito civil. No se trata solo de una sentencia monetaria: es un mensaje claro y necesario sobre las consecuencias que deben afrontar quienes ejercen violencia machista.

La mujer, una contadora y docente, madre de tres hijos, soportó durante más de una década una escalada de maltratos que incluyó amenazas, hostigamiento, violencia económica, simbólica y hasta digital. En el juicio se probó que su expareja llegó a suplantar su identidad, enviar correos falsos para difamarla y crear campañas en redes sociales donde la acusaba de hechos falsos y graves. Esas maniobras no solo afectaron su salud mental, sino que también la dejaron sin trabajo: fue despedida de una institución educativa tras recibir acusaciones anónimas en su contra.

La Justicia Penal ya lo había condenado años atrás por coacciones agravadas en contexto de violencia de género. Pero esta nueva sentencia, dentro del fuero civil, buscó algo más: reparar en términos concretos el daño causado.

Según la pericia psicológica, la víctima padece un Trastorno de Estrés Postraumático complejo, con síntomas de aislamiento, pérdida de vínculos sociales y deterioro de su capacidad laboral. Por ese motivo, se fijó una suma de más de 31 millones de pesos en concepto de incapacidad psíquica. A ello se sumaron otros 46 millones como resarcimiento moral, dos millones y medio por tratamientos médicos y psicológicos, y otros gastos menores relacionados con su defensa.

El fallo también apuntó a los abogados del agresor, a quienes se les ordenó capacitarse durante 50 horas en perspectiva de género por su comportamiento durante el proceso judicial. Según la jueza Marcela Ruiz Díaz, incurrieron en conductas revictimizantes, reproducieron estereotipos y vulneraron los principios de no discriminación.

No es el primer caso de estas características en la provincia. En 2021, un médico fue condenado a pagar más de 2,5 millones de pesos a una enfermera por abuso sexual, y también se han registrado fallos similares en otras jurisdicciones del país. Sin embargo, este caso marca una diferencia, tanto por el monto como por la claridad con la que se expresa la voluntad de reparar integralmente a la víctima.

La abogada Carolina Jacky, especialista en violencia de género, lo resumió con una metáfora contundente: “Las indemnizaciones por violencia deberían ser como las multas por conducir alcoholizado: altas, disuasorias y con un fuerte mensaje social”.

La sentencia no borrará el sufrimiento, pero es un paso firme en la dirección correcta. Reconoce el daño, lo cuantifica y pone al agresor frente a una consecuencia real. Es justicia que llega tarde, sí, pero que finalmente llega.