La Legislatura cierra filas en defensa de Fecovita y exige explicaciones a la Justicia

La Cámara de Diputados de Mendoza se convirtió esta semana en el escenario de una de las discusiones políticas y empresariales más sensibles de los últimos tiempos en la provincia. Con 38 votos afirmativos y sin ningún rechazo, los legisladores aprobaron un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal para conocer en profundidad los fundamentos de la imputación penal que recae sobre directivos y exdirectivos de Fecovita, la principal empresa cooperativa del sector vitivinícola mendocino.

El conflicto que involucra a Fecovita no es nuevo, pero tomó un nuevo impulso a partir de un litigio judicial que la empresa mantiene con la firma española Iberte. La controversia, que comenzó siendo de índole comercial, escaló a una instancia penal, encendiendo las alarmas no solo en el ámbito político, sino también entre cientos de productores y trabajadores del sector.

Durante la sesión legislativa, más de un centenar de productores vitivinícolas de distintos puntos de la provincia se hicieron presentes en el recinto. La postal fue tan simbólica como contundente: familias enteras mostrando su respaldo a quienes consideran sus representantes dentro de la estructura cooperativa, y al mismo tiempo, visibilizando su preocupación por el futuro de sus fuentes de trabajo.

En ese contexto, el pedido de informes, que había sido dictaminado por unanimidad la semana anterior en la Comisión de Derechos y Garantías, se trató con la misma lógica: todos los bloques —Cambia Mendoza, el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde— acompañaron la iniciativa sin objeciones.

Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado José Luis Ramón, presidente de la comisión que impulsó el pedido. Apuntó con dureza contra lo que calificó como una judicialización del conflicto con fines ajenos a la búsqueda de justicia. "Acá hay algo que huele feo. No se puede usar la justicia penal como una herramienta de presión en un conflicto comercial", lanzó desde su banca.

Desde el oficialismo también llegaron señales de preocupación. El diputado Daniel Llaver advirtió que detrás del avance judicial contra Fecovita podrían esconderse otros intereses. “Lo que buscan es hacer caer a esta empresa para después comprarla por dos pesos”, expresó, dejando entrever la posibilidad de maniobras especulativas.

Del lado de la empresa, la defensa fue contundente. El abogado de Fecovita, Osvaldo Coll, recordó que ya había existido una pericia contable favorable a la firma y que la denuncia penal en cuestión había sido archivada en su momento, aunque luego fue reactivada por el mismo fiscal.

La diputada Verónica Valverde, en tanto, se dirigió a los productores presentes con palabras de aliento y reconocimiento. "La comunidad valora profundamente el trabajo que hacen día a día, y queremos que sepan que los estamos escuchando", aseguró.

Lo que quedó en evidencia es que, más allá del tecnicismo judicial, el caso Fecovita toca fibras sensibles en Mendoza. No solo se trata de una empresa, sino del sustento de miles de familias, de una tradición productiva centenaria y de un modelo cooperativo que ha sido ejemplo en todo el país.

Con el pedido de informes ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, la expectativa es que se transparente el proceso judicial y se despejen las dudas que hoy inquietan a gran parte del sector vitivinícola mendocino. Mientras tanto, la Legislatura dejó un mensaje claro: la defensa del trabajo y la producción está, por ahora, por encima de cualquier diferencia partidaria.