Omar Félix se defiende tras la denuncia del Gobierno por sus dichos sobre narcotráfico

El intendente de San Rafael, Omar Félix, salió al cruce de la denuncia que el Gobierno provincial presentó en la Justicia Federal tras sus declaraciones públicas sobre el narcotráfico. En medio de una creciente tensión política, el jefe comunal se defendió y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Todo comenzó días atrás, cuando Félix, en una entrevista radial, se refirió con preocupación al avance del narcotráfico en el sur provincial y deslizó que las políticas actuales podrían estar fallando a la hora de contener el problema. Las declaraciones generaron un fuerte malestar en la Casa de Gobierno, que decidió llevar el asunto a los tribunales bajo el argumento de que el intendente insinuó, sin pruebas, connivencia o inacción por parte de las autoridades provinciales.

Lejos de retroceder, el dirigente sanrafaelino ratificó su postura. Dijo que sus dichos no apuntaron a ningún funcionario en particular y que lo único que buscó fue visibilizar una situación que, según su mirada, preocupa cada vez más a los vecinos del departamento. “Estoy convencido de que hay temas que no pueden seguir siendo postergados. Uno de ellos es el narcotráfico, que lamentablemente ya no es una amenaza lejana”, afirmó Félix en declaraciones posteriores.

Además, lamentó que la respuesta del Gobierno haya sido una denuncia judicial en vez de abrir un canal de diálogo político e institucional. “En lugar de escucharnos, nos denuncian. Creo que es una señal equivocada. Esto no se resuelve con peleas ni con tribunales, se resuelve con trabajo en conjunto”, sostuvo.

El conflicto dejó en evidencia un trasfondo de fricciones que ya venían gestándose entre la administración de San Rafael y el Ejecutivo provincial. Aunque desde el Gobierno evitan escalar públicamente el enfrentamiento, la decisión de recurrir a la Justicia marcó un punto de quiebre.

Félix, por su parte, busca posicionarse como una voz crítica, pero también como alguien dispuesto a colaborar. “Acá no hay lugar para mezquindades políticas. Estamos hablando de la seguridad de nuestra gente”, insistió.

Por ahora, el expediente judicial sigue su curso, mientras la polémica reaviva el debate sobre la manera en que se abordan los problemas estructurales en Mendoza y, en particular, en el sur provincial.