La Justicia condena a Godoy Cruz a pagar $19 millones por violencia de género en el municipio

La Justicia de Mendoza emitió un fallo que sacude los cimientos de la gestión pública local. La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil dio vuelta una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de Godoy Cruz y al exfuncionario Martín Appiolaza a pagar más de 19 millones de pesos a una empleada municipal por violencia de género en el ámbito laboral. La mujer, Gabriela Peñaloza, denunció haber sufrido discriminación, maltrato y desvalorización sistemática entre 2015 y 2021, mientras trabajaba bajo la dirección de Appiolaza en el área de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos.

El fallo, unánime y contundente, fue firmado por las juezas Silvina Furlotti, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Marsala. Las magistradas consideraron acreditado que Peñaloza fue víctima de violencia de género durante varios años, situación que se vio agravada por su condición de discapacidad visual y auditiva, y por su orientación sexual, factores que, según la sentencia, fueron utilizados para menoscabar su desempeño y dignidad en el ámbito laboral.

La denuncia de Peñaloza describía un contexto de maltrato que iba desde la discriminación política y de género hasta la negación de recursos básicos para su trabajo. No solo se le negó equipamiento adaptado a su discapacidad, sino que tampoco se reconocieron sus proyectos ni se actualizaron sus haberes según la responsabilidad que asumía. La desvalorización, además, tenía un sesgo de género: según la denuncia, las propuestas eran más escuchadas si venían de un compañero varón.

La Justicia entendió que hubo una cadena de hechos suficientemente grave como para configurar una situación de violencia sistemática. Las juezas dieron especial valor al dictamen pericial, que diagnosticó a la víctima con secuelas psicológicas graves compatibles con un entorno hostil y violento. También señalaron la activación del protocolo de violencia de género dentro del propio municipio como una señal clara de que los hechos tuvieron entidad suficiente como para justificar medidas de contención, traslado y talleres de sensibilización entre el personal.

Peñaloza no solo tuvo que soportar años de hostigamiento, sino también la invisibilización inicial del sistema judicial. En primera instancia, el juez Fernando Games había desestimado la demanda por considerar que los hechos denunciados no estaban probados con la suficiente contundencia. Sin embargo, la Cámara sostuvo que esa lectura no consideró la perspectiva de género y que sí existían pruebas claras y coincidentes para vincular el daño psicológico con el entorno laboral.

Desde la comuna de Godoy Cruz ya anunciaron que apelarán ante la Suprema Corte provincial. En declaraciones a los medios, remarcaron que en la primera instancia la denuncia había sido rechazada, tanto por la vía judicial como administrativa, e incluso señalaron que el INADI no encontró elementos para hablar de discriminación. “Creemos que esta sentencia es arbitraria y tenemos elementos para revertirla”, señalaron fuentes del municipio.

El caso cobra aún más relevancia si se considera que Godoy Cruz fue uno de los primeros departamentos de Mendoza en implementar protocolos de prevención de violencia de género en el ámbito estatal. Incluso cuenta con un refugio para mujeres víctimas de violencia y ha promovido campañas públicas sobre el tema. Que un área de Derechos Humanos haya sido señalada como el escenario de una violencia prolongada y estructural revela hasta qué punto las instituciones pueden fallar, incluso cuando dicen estar comprometidas con la erradicación de estas prácticas.

El fallo no solo reconoce el daño económico, moral y psicológico sufrido por la denunciante, sino que también marca un precedente importante: obliga a repensar cómo se ejerce el poder en las estructuras jerárquicas, cómo se gestionan las denuncias y cómo opera el silencio dentro del Estado cuando quien sufre es una mujer, con discapacidad y fuera del engranaje político dominante.

Ahora, todo queda en manos de la Corte. La última palabra todavía no está dicha, pero lo que está claro es que la justicia, esta vez, escuchó.