Denuncian a Viviana Canosa por tráfico de influencias en un caso que involucra a Aníbal Fernández

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por una denuncia judicial que podría escalar hasta el ámbito político. La conductora fue acusada de tráfico de influencias luego de contar en su programa que, en 2011, intervino para ayudar a Lizy Tagliani a conseguir el certificado de defunción de su madre, Rosa Gallardo, quien había fallecido repentinamente. Lo que parecía una anécdota de ayuda solidaria terminó abriendo una posible causa penal, ya que Canosa admitió haber recurrido a un funcionario nacional para resolver el trámite: nada menos que el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

“Lizy me llamó llorando, desesperada, porque no podía enterrar a su madre”, dijo Canosa al aire el viernes pasado. “Me dijo que había llevado el cuerpo a la cochería, pero no tenía el acta de defunción. Podía ir presa. Llamé a una persona de mucha confianza y resolvimos todo”, contó con total naturalidad. El relato fue directo, sin eufemismos, y rápidamente encendió las alarmas.

Pocas horas después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia formal ante la Justicia, argumentando que la intervención de Canosa podría configurar una violación del principio de igualdad ante la ley. En otras palabras: que no todas las personas tienen acceso a “un llamado salvador” capaz de destrabar un trámite legal tan delicado como un certificado de defunción. El foco de la investigación se dirige a determinar si la mediática utilizó contactos políticos para obtener un beneficio indebido.

El episodio, aunque data de más de una década atrás, recobró fuerza también por un viejo audio de 2017 en el que la propia Lizy Tagliani relataba una situación similar en el programa "La Negra Pop", aunque sin mencionar nombres. En aquella oportunidad, Tagliani contó que la funeraria se negó a seguir con el procedimiento por la falta del certificado, y que, desesperada, llamó a una amiga para pedirle ayuda. Finalmente, el cuerpo fue devuelto a su casa, y un médico apareció poco después para firmar los papeles. La coincidencia entre ambos relatos reavivó un escándalo que parecía enterrado.

Lo más tenso del asunto es que este nuevo capítulo aparece en medio de una evidente tensión entre ambas figuras del espectáculo. Si bien no trascendieron los detalles del distanciamiento, los dichos de Canosa se interpretaron como una forma de exponer a Tagliani públicamente. En respuesta, Lizy optó por un tono más medido. “Estoy tranquila, muy segura de quién soy. Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí”, dijo en un breve pero firme descargo.

La situación, que comenzó como una historia emotiva entre dos mujeres de la televisión, ya involucra a uno de los nombres más fuertes de la política argentina del último tiempo. Aníbal Fernández no se pronunció sobre el tema, aunque su mención en la denuncia complica aún más el escenario. La Justicia deberá ahora determinar si efectivamente hubo tráfico de influencias, o si se trató de una ayuda improvisada en medio de una emergencia personal.

En un país donde el uso de contactos para acceder a trámites públicos sigue siendo moneda corriente pero pocas veces sancionado, el caso Canosa-Tagliani pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién puede llamar a un ministro y resolver en minutos lo que a otros les toma días, semanas o nunca?