La posible eliminación de la COVIAR sacude los cimientos de la industria vitivinícola

La decisión del gobierno nacional de avanzar en la eliminación del financiamiento obligatorio para la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) encendió alarmas en el sector vitivinícola, particularmente en Mendoza, epicentro de la producción de vino del país. La medida, que podría implementarse mediante la derogación de la ley que le dio origen o con un decreto presidencial, amenaza con desfinanciar por completo a la institución, poniendo en jaque el trabajo articulado entre el Estado, productores y bodegas que desde hace dos décadas intenta ordenar y proyectar el rumbo de la vitivinicultura nacional.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, fue quien confirmó en su reciente paso por Mendoza la intención del gobierno de Javier Milei de poner fin a los aportes obligatorios al considerar que se trata de un “peaje” que encarece innecesariamente la actividad. En la práctica, esta decisión implicaría que cada empresa podría optar por contribuir o no con la corporación, una modificación que, en los hechos, debilitaría seriamente la operatividad de la COVIAR.

Desde su creación en 2004 a través de la Ley 25.849, la corporación se ha encargado de implementar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una hoja de ruta diseñada para potenciar la competitividad, mejorar la calidad de la producción y fomentar el enoturismo, entre otros objetivos. Su estructura está compuesta por 13 cámaras empresarias, representantes de productores, organismos técnicos como el INTA y el INV, y gobiernos provinciales, con fuerte presencia mendocina.

Sin embargo, el proyecto oficial de recorte encontró también eco en sectores del propio entramado productivo. Algunos pequeños y medianos productores, especialmente del Este mendocino, vienen cuestionando desde hace tiempo la representatividad de la corporación. Denuncian que las decisiones se toman a espaldas del productor primario, y acusan a la COVIAR de favorecer a grandes bodegas e inversores. “La COVIAR no cumplió con lo que prometió. Nosotros seguimos vendiendo la uva a precios que no cubren ni los costos. La estructura beneficia a los grandes y deja afuera a los que sostenemos la producción”, expresó Luis Cañas, productor de San Martín.

También surgieron críticas desde otras ramas de la cadena comercial, como distribuidores y mayoristas, quienes apuntan a la obligatoriedad del aporte como una distorsión de mercado. Algunas cámaras empresariales afirman que la corporación perdió su rumbo y piden que los fondos se manejen de forma transparente y descentralizada.

En contrapartida, otros actores del sector se mostraron preocupados por el posible desguace de una herramienta que, más allá de sus falencias, permitió cierta articulación estratégica en una actividad históricamente fragmentada. En los últimos meses, la COVIAR firmó convenios con el Gobierno de Mendoza para impulsar el turismo del vino y participó en iniciativas de innovación y sostenibilidad como parte del programa Mendoza Intec Sustentable.

Aunque todavía no hay una resolución definitiva, el debate ya está instalado y promete escalar en los próximos días. La tensión crece mientras los productores observan con incertidumbre cómo se desarma una de las pocas instituciones que, con aciertos y errores, logró sentar en la misma mesa a los distintos eslabones de la vitivinicultura. En un sector clave para la economía mendocina y nacional, el futuro de la COVIAR se convierte así en una pieza más del complejo rompecabezas que representa la nueva reconfiguración del Estado.