La propuesta del Gobierno provincial para habilitar el uso de pistolas Taser por parte de los preventores municipales generó posturas enfrentadas entre los intendentes. Mientras algunos respaldan la iniciativa como herramienta de prevención, otros advierten sobre los riesgos para la salud y los posibles excesos en su aplicación. El debate se instala con fuerza en la antesala de su tratamiento legislativo.
Nacionales24/04/2025 Expreso Mendoza
El uso de las pistolas Taser volvió al centro del debate en Mendoza tras la presentación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, impulsado por el Gobierno provincial. El tema no es nuevo, pero sí profundamente sensible: ¿es legítimo armar a los preventores municipales con dispositivos de inmovilización eléctrica? ¿Dónde termina la prevención y dónde empieza el riesgo innecesario?
Raúl Rufeil, intendente de San Martín y médico de profesión, fue tajante en su postura. Dijo estar completamente en contra de que sus agentes utilicen este tipo de armas. Para él, el argumento es médico antes que político: “Puede provocar una afección cardíaca, una fibrilación y ocasionar hasta la muerte”, aseguró. Su mirada es compartida por otros sectores, que ven en las Taser un elemento de dudosa ética en manos de agentes municipales que, en muchos casos, no tienen formación policial.
En la vereda opuesta se encuentra la Ciudad de Mendoza. Su intendente, Ulpiano Suarez, no solo participó del acto de presentación del proyecto, sino que ya adquirió 30 pistolas Taser para su cuerpo de preventores. La idea es que estas herramientas puedan utilizarse como un recurso más en la prevención del delito, especialmente en un contexto urbano complejo como el del microcentro capitalino. Desde la Ciudad insisten en que la capacitación será clave y que el Ministerio de Seguridad de la Nación ya se comprometió a colaborar en este proceso.
El proyecto de ley no obliga a ningún municipio a implementar estas medidas, pero sí les brinda un marco normativo para hacerlo si lo consideran pertinente. Las comunas que ya cuentan con cuerpos de seguridad ciudadana –Capital, Las Heras, General Alvear y Rivadavia– serían las únicas con capacidad operativa inmediata para aplicar esta nueva regulación. Aunque, por ejemplo, en Las Heras aclaran que aún están evaluando si podrán asumir el costo presupuestario de incorporar estas armas no letales.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que el proyecto contempla que los preventores solo podrán usar dispositivos de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido y Taser, siempre con autorización del ministerio y una formación adecuada a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Deja afuera de manera explícita cualquier posibilidad de que estos agentes porten armas de fuego.
Pero el proyecto también tiene un componente simbólico. Busca delimitar con precisión el rol de los preventores, evitando que sus uniformes, insignias o escudos se confundan con los de la Policía de Mendoza. La idea es que no haya superposición de funciones ni malentendidos en la calle. Para la ministra, esto es parte de una modernización de la seguridad ciudadana que apunta a reforzar la presencia en el territorio sin invadir las competencias de las fuerzas policiales.
Sin embargo, más allá de las intenciones, hay cuestionamientos de fondo. Amnistía Internacional y otras organizaciones ya han alertado sobre el uso abusivo de las Taser en distintos países. Su carácter “no letal” ha sido puesto en duda más de una vez, sobre todo en situaciones donde la víctima tenía alguna condición médica o estaba bajo el efecto de drogas.
Hoy por hoy, en Mendoza, las únicas áreas que utilizan pistolas Taser son los cuerpos especiales del Ministerio de Seguridad, como el GES o el GRIS, y bajo protocolos extremadamente restrictivos. Ampliar su uso a los preventores municipales, incluso con capacitación, abre un nuevo escenario que todavía genera más preguntas que respuestas.
En ese contexto, el debate en la Legislatura será clave. Lo que está en juego no es solamente una ley: es una definición política y social sobre el tipo de seguridad que queremos construir en la provincia. ¿Queremos más herramientas para prevenir el delito, aún a riesgo de errores irreparables? ¿O apostamos a reforzar otras vías de intervención urbana, como la mediación, la presencia comunitaria y el trabajo con las fuerzas policiales? La discusión está abierta, y el futuro, todavía en construcción.
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