El Gobierno reactiva su ofensiva judicial con más de 200 pliegos y busca consensos para la Corte Suprema

El Gobierno nacional decidió volver a la carga con una jugada fuerte en el plano judicial: enviará más de 200 pliegos al Senado para cubrir vacantes en el Poder Judicial y, además, ya planea insistir con la designación de dos nuevos miembros para la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa llega apenas tres semanas después del duro revés que sufrió el oficialismo cuando la Cámara Alta rechazó los nombres propuestos por Javier Milei para el máximo tribunal: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Lejos de retroceder, en la Casa Rosada aseguran que esta vez irán por la vía del diálogo. Aprendida la lección del fracaso anterior —cuando intentaron imponer las nominaciones por decreto, sin acuerdo previo con el Congreso— ahora optan por una estrategia más tradicional: el consenso. El envío de 232 pliegos para ocupar cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías busca, precisamente, allanar el camino para destrabar la negociación más ambiciosa: los dos lugares que siguen sin cubrirse en la Corte.

“El Poder Judicial no puede seguir funcionando con una Corte de tres miembros. Tenemos la obligación institucional de avanzar en este tema, pero sin imponer nada. Vamos a buscar el acuerdo político”, reconoció ante MDZ un funcionario muy cercano al presidente. En el entorno de Milei creen que esta nueva etapa tendrá mejor recepción en el Congreso, sobre todo porque se abordará primero la deuda judicial con las provincias: hay más de 180 cargos de jueces federales vacantes, algunos desde hace años.

Para el oficialismo, este paquete de pliegos funciona como una suerte de gesto de buena voluntad hacia los sectores más críticos de la oposición, especialmente gobernadores y senadores que reclaman respuestas concretas para sus territorios. No es casual que entre las vacantes a cubrir figuren juzgados claves de Mendoza, La Plata, Rosario y Mar del Plata.

En paralelo, el Ministerio de Justicia trabaja en un nuevo borrador para volver a proponer candidatos a la Corte. Los nombres aún no se conocen, pero en Balcarce 50 se muestran confiados en que los perfiles que se evalúan “generarán menos rechazo” que los de Lijo y García-Mansilla, que fueron duramente cuestionados por amplios sectores de la oposición e incluso por algunos aliados del Gobierno.

En el Congreso, mientras tanto, ya comenzaron las conversaciones informales. La vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, volvió a tomar protagonismo y ya mantuvo reuniones reservadas con representantes del radicalismo y del peronismo federal. El Gobierno sabe que necesita al menos una decena de votos opositores para avanzar, y por eso no quiere dejar nada librado al azar.

El traspié del mes pasado dejó heridas, pero también enseñanzas. En ese momento, el intento de nombrar jueces por decreto encendió las alarmas institucionales y terminó aglutinando a sectores que normalmente no comparten posiciones. Ahora, con una estrategia más tradicional, Milei apuesta a revertir esa imagen de atropello institucional y mostrar un perfil más dialoguista, aunque sin renunciar a sus objetivos.

Detrás de todo, claro, hay una jugada política de fondo: completar la Corte antes del próximo turno electoral le permitiría al Gobierno fortalecer su influencia en un poder clave, en momentos en que varias de sus reformas podrían terminar judicializadas. Por eso, el paso que se está dando con los 232 pliegos no es solamente una movida administrativa: es la antesala de una pulseada mayor.

Si Milei logra sortear esta vez los obstáculos del Congreso, podría conseguir uno de sus triunfos institucionales más importantes desde que llegó a la Casa Rosada. Pero si vuelve a chocar con el Senado, la fractura con la oposición podría agravarse aún más. La partida, en todo caso, acaba de comenzar.