La recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti y la disputa por la Corte Suprema

En un giro que ha reavivado las tensiones en la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La expresidenta acusó a Lorenzetti de mantener reuniones privadas con el presidente Javier Milei, sin justificación institucional, en las que habría planteado la posibilidad de nombrar a Ariel Lijo como nuevo miembro del máximo tribunal. La maniobra, según Kirchner, tenía como fin conformar una mayoría que permitiera a Lorenzetti disputar la presidencia de la Corte, que en la actualidad está en manos de Horacio Rosatti.

El conflicto escaló cuando Kirchner denunció que este plan fracasó después de que se conociera que el Senado no aprobaría el pliego de Lijo, lo que habría dejado en un limbo la idea de una nueva composición en la Corte. En su lugar, según la versión de la expresidenta, Lorenzetti habría acelerado el tratamiento de su recurso en la causa Vialidad, con la intención de lograr la confirmación de su condena antes de las elecciones, lo que, según ella, implicaría una estrategia para proscribirla políticamente. Kirchner recordó además las palabras de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien públicamente acusó a Lorenzetti de presionar a la Cámara Alta para lograr su cometido, algo que, según ella, fue ratificado por el propio juez en una entrevista reciente.

Desde el entorno de Lorenzetti, se rechazaron las acusaciones. Afirman que la recusación carece de fundamento, señalando que el juez nunca adelantó opinión sobre el caso. Aseguran que la movida de Cristina responde más bien a una estrategia para retrasar la resolución del expediente. Si la recusación prospera, la Corte se quedaría con solo dos jueces, Rosatti y Carlos Rosenkrantz, lo que obligaría a convocar conjueces para dirimir la causa. De confirmarse la condena, la expresidenta no podría competir en futuras elecciones, pero desde su entorno sostienen que se trata de una maniobra judicial con tintes políticos destinados a consolidar su proscripción.

La situación ha levantado una oleada de reacciones en el ámbito político. En la oposición, dirigentes como Elisa Carrió han arremetido contra Milei, tildándolo de “bufón de Trump” y alertando sobre el riesgo de que su gobierno derive hacia un autoritarismo. Carrió también ha vinculado a Milei con prácticas cuestionables, incluyendo una acusación sobre una criptomoneda fraudulenta, mientras que otros opositores le reclaman que clarifique su posición respecto a la justicia y la democracia.

En medio de este conflicto, la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti, a quien acusan de haber negociado con el Ejecutivo para intentar desestabilizar el Tribunal y reconfigurarlo a su gusto. Estas acusaciones subrayan la presión constante sobre la Corte Suprema, un órgano clave en el sistema judicial argentino, que se ha visto arrastrado a la arena política en una crisis de legitimidad. La disputa en torno al futuro de la Corte, y particularmente al caso de Cristina Kirchner, subraya la magnitud de la tensión política y judicial que atraviesa el país.

La recusación a Lorenzetti y los eventos que han seguido son una muestra de cómo los conflictos internos en la Corte Suprema y la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y Legislativo continúan marcando la agenda política en Argentina. En este contexto, las acusaciones de un tribunal politizado o presionado por el Ejecutivo, sean ciertas o no, reflejan el clima de desconfianza que caracteriza a la política nacional, donde las instituciones parecen estar lejos de gozar de la autonomía que su rol requiere.