En uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Mendoza, un hecho escalofriante ha sacudido a vecinos y autoridades. La tranquilidad del Dalvian se vio interrumpida esta semana por una denuncia penal tan inusual como perturbadora: una familia acusó a un albañil que trabajaba en la remodelación de su casa de haber abusado sexualmente de su perra.
La investigación quedó en manos del fiscal Martín Lucero, de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Por el momento, la causa avanza bajo un estricto secreto de sumario, por lo que no se conocen en detalle las pruebas que impulsaron la denuncia. Sin embargo, de manera extraoficial trascendió que los propios dueños de la vivienda descubrieron lo sucedido tras revisar las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio.
Según se supo, los propietarios notaron actitudes extrañas en el animal y decidieron revisar las imágenes registradas por un dispositivo ubicado debajo de una mesa. Fue entonces cuando, presuntamente, se toparon con una escena aterradora: el trabajador habría abusado del animal en un momento en el que creyó estar solo. Los dueños de casa, conmocionados por lo que vieron y escucharon, decidieron acudir de inmediato a la Justicia.
Aunque la zoofilia no está tipificada de forma específica en el Código Penal argentino, el caso fue enmarcado dentro de la Ley 14.346 de Maltrato Animal, que contempla penas para quienes cometan actos de crueldad contra animales. En este caso, se investiga una posible infracción del artículo 3, inciso 7°, que refiere a quienes “cometan actos de bestialidad con animales”.
El acusado fue identificado por la fiscalía y se encuentra notificado de la denuncia. Por ahora, no se han ordenado detenciones, pero sí se solicitó un informe veterinario que determine con precisión el estado de salud del animal y si existen lesiones compatibles con un abuso. Ese informe será clave para que la causa avance y eventualmente derive en una imputación formal.
Mientras tanto, en el entorno del barrio Dalvian reina la consternación. El caso generó un fuerte impacto en redes sociales y entre proteccionistas, que piden que se haga justicia y que este tipo de situaciones no queden impunes. La familia, por su parte, optó por el silencio y se refugia en la privacidad, protegida también por el hermetismo judicial.
Este episodio reabre el debate sobre los vacíos legales que aún existen en torno al maltrato animal, en especial en casos de abuso sexual, donde muchas veces la ley no contempla de forma explícita este tipo de violencia. El tratamiento mediático del hecho, por ahora acotado por la reserva judicial, también plantea interrogantes éticos y legales sobre la difusión de este tipo de denuncias.
La Justicia avanza en silencio. Pero la sociedad, con razón, no deja de mirar con horror lo que se ha denunciado. Lo que ocurrió en una casa de Dalvian no es solo un acto individual de brutalidad: es también una muestra más de que los animales siguen siendo víctimas invisibles de una violencia que muchas veces el derecho apenas logra nombrar.
