La mujer, de profesión docente y con funciones directivas en una institución educativa del departamento, había sido señalada por la presunta tenencia de MASNNA (Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes). El caso generó gran conmoción en la comunidad educativa y derivó en su inmediata suspensión preventiva.
Con el avance de la investigación, se determinó que no existió responsabilidad penal de la docente. La causa se originó a partir de la manipulación de un teléfono en desuso que pertenecía a la mujer, realizado por su propia nieta. La menor intentó subir un video a la plataforma YouTube, lo que generó una alerta internacional que llegó hasta el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos. Esa notificación derivó finalmente en la fiscalía del Valle de Uco, donde se inició el proceso judicial.
El pasado 22 de septiembre, la docente recibió la resolución N° 5277/25 de la Dirección General de Escuelas (DGE), en la que se dispuso “que debe reintegrarse a sus funciones docentes”. No obstante, la resolución no especificó si correspondía su regreso a la vicedirección o únicamente a la tarea frente al aula.
En diálogo con el diario Los Andes, la propia educadora aseguró que el texto resultó “ambiguo” y que esa falta de precisión genera incertidumbre sobre su futuro laboral.
El caso no solo expone las consecuencias personales y profesionales que pueden derivarse de una investigación judicial, aun cuando se resuelve con un sobreseimiento, sino que también abre el debate sobre los tiempos administrativos, la claridad de las resoluciones y la necesidad de revisar los protocolos que rigen la situación de los docentes investigados.
