Mendoza cuenta con 3.851 personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios, según datos oficiales del Poder Judicial provincial. Este padrón público incluye a quienes mantienen deudas por cuotas alimentarias y no han regularizado su situación pese a las intimaciones judiciales.
El registro fue creado como herramienta de presión social y legal contra quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. La inscripción en este padrón genera restricciones concretas que buscan incentivar el pago: imposibilidad de obtener créditos bancarios, limitaciones para realizar trámites administrativos y restricciones para acceder a ciertos servicios.
Las autoridades judiciales confirmaron que trabajan en nuevas estrategias para aumentar la efectividad del cobro de estas deudas. Entre las medidas en análisis figura la retención directa de haberes, descuentos sobre ingresos en blanco y la publicación más amplia del registro para generar mayor visibilidad pública.
La problemática del incumplimiento alimentario afecta mayoritariamente a mujeres y niños que dependen económicamente de estas cuotas. En la mayoría de los casos, los deudores son padres que no cumplen con las obligaciones establecidas judicialmente tras separaciones o divorcios.
El proceso de inscripción en el registro se activa cuando existe una sentencia firme que establece la obligación alimentaria y el deudor acumula tres cuotas impagas. A partir de ese momento, el acreedor alimentario puede solicitar la inclusión del deudor en el padrón público.
Una vez inscripto, el deudor permanece en el registro hasta que cancele la totalidad de la deuda o presente un plan de pagos homologado judicialmente. Las restricciones se mantienen vigentes durante todo el período de mora, lo que representa un elemento de presión permanente.
Las entidades bancarias y organismos públicos tienen acceso al registro para verificar la situación de las personas antes de otorgar préstamos o realizar determinados trámites. Esta consulta cruzada es uno de los mecanismos de control más efectivos del sistema.
El Poder Judicial mendocino evalúa incorporar nuevas consecuencias para quienes figuren en el registro. Entre las alternativas analizadas está la restricción para renovar licencias de conducir o para inscribir vehículos, medidas que ya se aplican en otras provincias argentinas.
Los operadores judiciales señalan que el registro representa un avance en la visibilización del problema, pero reconocen que el desafío mayor está en lograr el cobro efectivo de las deudas acumuladas. Muchos deudores trabajan en la informalidad, lo que dificulta la ejecución de embargos o retenciones.
La actualización constante del registro y la implementación de nuevas medidas coercitivas buscan garantizar el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es que el incumplimiento de estas obligaciones genere consecuencias concretas que incentiven la regularización.
