Expreso MendozaCuatro Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) de Mendoza fueron cerrados o "refuncionalizados" por la Dirección General de Escuelas (DGE) durante las últimas semanas, generando una polémica que cruzó los ámbitos educativo y político. Los centros afectados están ubicados en Las Heras (dos), San Martín (uno) y Maipú (uno), y la decisión fue justificada por la falta de matrícula mínima para sostener su funcionamiento.
La jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García, explicó que los centros afectados no alcanzaban la matrícula mínima reglamentaria de 15 alumnos. En algunos casos, precisó, había centros que contaban con menos de 14 inscriptos y que solo certificaban a cuatro personas al final del proceso formativo. Además, señaló que en varios casos existen otros CCT a dos y cuatro kilómetros de distancia con la misma oferta educativa.
Desde el Gobierno escolar insisten en que no se trata de cierres definitivos sino de procesos de "refuncionalización": los centros deben adaptarse a una nueva demanda, incorporar maquinaria actualizada y ofrecer formaciones alineadas con las necesidades del mercado laboral y las cadenas productivas que Mendoza busca desarrollar.
La oposición peronista, a través de la presidenta del bloque de senadores Adriana Cano, presentó un pedido de informes que no fue aprobado. Cano cuestionó la forma en que se tomó la decisión —de manera "intempestiva", según su caracterización—, y señaló que en el caso de Las Heras había 85 alumnos preinscriptos en el sistema educativo provincial que quedaron en una situación de incertidumbre.
El argumento sobre la cercanía geográfica de los CCT alternativos también fue cuestionado desde la oposición. Cano señaló que una distancia de cinco o seis kilómetros puede resultar un obstáculo real para personas que tienen pocos recursos, hacen changas durante el día y estudian de noche. La accesibilidad concreta, más allá de los kilómetros en el mapa, no siempre está garantizada.
Sobre la situación laboral de las docentes de los centros afectados, la DGE aclaró que se firmó un acuerdo paritario que contempla distintas situaciones. Las docentes próximas a jubilarse serán mantenidas durante el año actual para completar sus aportes. Las suplentes sin incumbencias específicas recibirán dos meses de disponibilidad para ser reubicadas en otras áreas del sistema educativo. Quienes tengan incumbencias podrán integrarse con prioridad a otras modalidades, como secundaria técnica u orientada.
El fenómeno no se limita a los CCT. La DGE también unificó salas de 4 y 5 años en jardines de infantes por la caída de la natalidad en la provincia y en el país. Al mismo tiempo, el año pasado creó 240 salas de 3 años para ampliar la escolaridad temprana, una decisión que convive paradójicamente con el cierre de salas en niveles superiores del jardín ante la menor cantidad de niños.
Lo que muestra esta situación es que el sistema educativo mendocino está procesando cambios demográficos profundos. Menos niños nacen y, en el segmento adulto, la educación técnica no siempre logra retener a quienes se inscriben. La brecha entre la preinscripción y la certificación efectiva —en algunos CCT, de 14 inscriptos a 4 certificados— es un dato que merece atención independientemente de la discusión política.
La tensión entre las razones administrativas que esgrime la DGE y el impacto real que los cierres generan en comunidades concretas —especialmente en sectores vulnerables— es el nudo de este debate. La "refuncionalización" puede ser necesaria desde una perspectiva de racionalización de recursos, pero su implementación requiere garantizar que nadie pierda acceso a la educación técnica por motivos que exceden su voluntad.
