Expreso MendozaEl Gobierno de Mendoza autorizó una contratación por más de $32.350 millones para garantizar la alimentación dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La medida contempla la compra de dos millones de raciones alimentarias a un valor unitario de $16.175,35. El servicio tendrá una duración máxima de un año o finalizará antes si se consume la totalidad prevista.
Es importante aclarar que el monto no corresponde a una sola comida. Cada ración comprende la alimentación diaria completa de una persona privada de la libertad, compuesta por desayuno, almuerzo, merienda y cena.
La contratación también incluye al personal penitenciario que realiza guardias de 12 o 24 horas y a los cadetes que se encuentran bajo régimen de internado.
Los agentes que cumplen turnos de 12 horas recibirán media ración, mientras que aquellos que realizan guardias de 24 horas tendrán asignada una ración completa.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1930, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. La norma fue publicada este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial.
La empresa responsable del servicio será CLISA Interior S.A., que ya tenía adjudicada la provisión de alimentos para las cárceles mendocinas. La medida consiste en una prórroga de la contratación directa autorizada originalmente durante 2025.
Para lo que resta de 2026, el Ejecutivo prevé adquirir 564.024 raciones por un monto de $9.123 millones. Las partidas correspondientes a este ejercicio ya fueron contempladas dentro del presupuesto provincial.
Durante 2027 se comprarían otras 1.435.976 raciones, con una asignación de aproximadamente $23.227 millones. De esta manera se completaría el total de dos millones de unidades autorizado por el decreto.
El valor utilizado para calcular la contratación surge de una actualización de precios aprobada en abril de 2026. En aquella oportunidad, el Ejecutivo también reconoció una deuda y estableció nuevas condiciones de pago con la misma empresa.
El contrato original permitía extender el servicio durante un año adicional. Ante la proximidad de su vencimiento, las autoridades penitenciarias solicitaron aplicar esa opción y CLISA manifestó su conformidad.
La alimentación de internos y trabajadores es un servicio indispensable que el Estado debe garantizar. Sin embargo, por el monto comprometido y por tratarse de una contratación directa, la operación también exige controles sobre los precios, la calidad de las comidas y el cumplimiento efectivo de las raciones entregadas.
