La reforma constitucional de Cornejo genera rispideces en el peronismo por el control de las cartas orgánicas

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura una enmienda constitucional para incorporar la autonomía municipal. El peronismo mendocino celebra el debate pero cuestiona el punto que le daría a la Legislatura provincial poder de "aprobar o rechazar" las cartas orgánicas de los municipios, lo que para la oposición condiciona la verdadera autonomía.
Mendoza03/04/2026Expreso MendozaExpreso Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo abrió uno de los debates más trascendentes de su gestión al enviar a la Legislatura una enmienda a la Constitución de Mendoza para incorporar la autonomía municipal, una deuda que la provincia arrastra desde 1994, cuando la Constitución Nacional la consagró para todo el territorio argentino.

La iniciativa surge en un contexto particular: el conflicto con la Municipalidad de San Rafael, que avanzó por su cuenta en la elaboración de su Carta Orgánica y cuyo proceso fue judicializado por el propio oficialismo provincial.

La propuesta oficial plantea una nueva redacción del artículo 197 de la Carta Magna que reconoce la autonomía municipal, prohíbe a los municipios cobrar impuestos y establece que cada Carta Orgánica sancionada por un municipio deberá ser sometida a la aprobación o rechazo de la Legislatura provincial.

Ese último punto es el que genera rispideces en el peronismo. La intendenta de Santa Rosa y vicepresidenta del PJ mendocino, Flor Destéfanis, valoró el debate pero planteó sus reservas con claridad: si se va a consagrar la autonomía municipal, el control que ejerza la Legislatura debería limitarse a verificar que la Carta Orgánica no contradiga la Constitución provincial ni la nacional, sin evaluar oportunidad, mérito ni conveniencia. "Aprobar o rechazar me parece muy amplio. La palabra 'ratificar' me parece más adecuada", sostuvo.

La preocupación de fondo que expresa el peronismo es que la autonomía municipal que se proclama quede vacía de contenido si está condicionada a una aprobación del Congreso provincial que puede responder a mayorías circunstanciales o criterios políticos antes que estrictamente jurídicos.

Sobre la prohibición de cobrar impuestos —otro de los ejes que el Gobierno provincial enfatiza—, Destéfanis fue directa: eso ya está prohibido por la Constitución mendocina actual. No es una novedad que la enmienda introduce, sino un principio ya vigente. Su inclusión como argumento central del oficialismo sería, según la intendenta, una forma de justificar la demora y de enmarcar el conflicto con San Rafael en términos que favorecen la narrativa oficial.

La reforma necesita los dos tercios de ambas cámaras de la Legislatura para avanzar, lo que hace imprescindible el apoyo peronista. El debate político más relevante de Mendoza en 2026 acaba de empezar, con un tema que excede las coyunturas electorales: qué autonomía real tendrán los municipios mendocinos en el futuro.

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