Expreso MendozaEl proceso de transformación de la explaya San Agustín en un barrio popular tiene un nuevo capítulo. Una diputada provincial de la UCR, Beatriz Martínez, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que busca autorizar al Poder Ejecutivo a donar los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el paso legal necesario para que el organismo pueda adjudicar la licitación de construcción ya lanzada.
El predio en cuestión ocupa más de 11 hectáreas en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza. Durante medio siglo funcionó allí la playa de secuestros de vehículos de la provincia. En septiembre de 2024 un incendio de grandes proporciones cambió el destino del lugar: el fuego destruyó miles de rodados, afectó viviendas cercanas y obligó a evacuar a decenas de familias. Ese siniestro aceleró los planes de reconversión del predio.
Tras el incendio, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Capital pusieron en marcha un plan para descontaminar el terreno, compactar los vehículos afectados y relocalizar la playa. Los trabajos de compactación, que alcanzaron a unos 28 mil rodados, se dieron por concluidos en enero de 2025. Con el terreno saneado, el IPV avanzó y lanzó el llamado a licitación para la primera etapa del barrio.
El proyecto de Martínez establece la donación de dos fracciones con una superficie total de 11 hectáreas y 7.077 metros cuadrados, con la condición expresa de que el IPV destine el inmueble exclusivamente a construcción de viviendas. La primera etapa prevé 56 unidades habitacionales bajo el prototipo CEPA.
Las viviendas proyectadas tendrán una superficie total de 55,90 metros cuadrados, con 52,90 cubiertos y 3 metros semicubiertos. Cada unidad contará con cocina comedor, lavadero exterior, baño y dos dormitorios con posibilidad de ampliación futura. La estructura será de hormigón armado y mampostería de ladrillos macizos, con losa alivianada inclinada, aislación térmica e hidrófuga, y terminaciones en cerámico, yeso y pintura látex.
El esquema de financiamiento combina recursos de la Provincia, que se hará cargo del grueso de la obra, con un aporte del municipio para los trabajos de urbanización y el segundo dormitorio de las unidades. Los beneficiarios serán familias que ya habitaban en la zona del predio antes de la reconversión.
La transferencia legal del terreno es el eslabón que faltaba para que el proceso avance hacia la etapa de adjudicación. Sin la propiedad formal del suelo, el IPV no puede cerrar el circuito con las empresas que ganen la licitación. La iniciativa parlamentaria busca despejar ese obstáculo y dar luz verde definitiva al barrio.
