Ex Gran Hermano bajo la lupa por promocionar una falsa oferta laboral vinculada a trata de personas

Dos ex participantes del reality Gran Hermano, Martín Ku y Nicolás Grosman, quedaron en el centro de una fuerte polémica judicial y mediática, luego de que se conociera una denuncia por supuesta promoción de una red de trata de personas. Todo comenzó con un video que ambos difundieron en sus redes sociales, en el que invitaban a mujeres jóvenes, de entre 18 y 22 años, a postularse para una oferta laboral en Rusia con sueldos de entre 860 y 1.000 dólares. A simple vista, parecía una oportunidad atractiva. Pero no tardaron en encenderse las alarmas.

El primero en advertir irregularidades fue el activista Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes, quien denunció públicamente a Ku y Grosman por posibles vínculos con una organización coercitiva que operaría entre Argentina y Rusia. Según su presentación ante la Justicia, la supuesta empresa que promocionaban, llamada “Start”, asegura contar con más de 25 mil puestos de trabajo en el exterior y afirma tener relación con consulados, embajadas y ministerios. Sin embargo, la única presencia visible de la firma es una cuenta de Instagram (@star_program_latam), creada hace apenas dos semanas, con menos de 500 seguidores y sin verificación oficial. Nada más.

Para Salum, la campaña que realizaron los ex Gran Hermano no sólo fue irresponsable, sino peligrosa. En su denuncia habla de “engaño” y “abuso de poder” para captar chicas, sin brindar detalles concretos sobre los empleadores ni garantías contractuales. Desde su óptica, todo apunta a una maniobra para atraer jóvenes bajo promesas falsas, con fines que podrían vincularse con trata de personas. La denuncia cita el artículo 145 del Código Penal, que contempla penas agravadas si las víctimas son menores de edad o si son captadas mediante engaño, vulnerabilidad o amenazas.

Frente al escándalo, los influencers retiraron el video y difundieron un comunicado en el que se desligan de cualquier irregularidad. Según explicaron, viajaron a Rusia para conocer la empresa y aseguraron haber verificado que se trataba de una oportunidad legítima. Pese a esas declaraciones, el daño ya estaba hecho. La reacción en redes sociales fue inmediata y muchas usuarias comenzaron a compartir experiencias y advertencias similares.

El caso generó una fuerte repercusión pública porque pone de relieve un fenómeno cada vez más frecuente: el uso de influencers para promocionar propuestas laborales de dudosa procedencia. En un contexto de crisis económica y desesperanza, las ofertas de empleo en el exterior se convierten en una trampa fácil para muchas jóvenes que buscan una salida. La diferencia, en este caso, es el poder de llegada que tienen los protagonistas: millones de seguidores que ven, comparten y confían en lo que publican.

Desde Cancillería recordaron que este tipo de propuestas deben ser verificadas por los canales oficiales y que cualquier oferta laboral en otro país que no incluya datos concretos del empleador, contrato, visa y cobertura legal, debe ser motivo de sospecha. Además, instaron a denunciar cualquier posible situación de trata a la línea 145, gratuita, anónima y disponible las 24 horas.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, el caso sirve como un nuevo llamado de atención sobre los peligros de las redes sociales, la falta de regulación en la promoción de oportunidades laborales y la responsabilidad que tienen los influencers sobre lo que difunden. Porque no todo lo que brilla en Instagram es oro.