“Estamos sorprendidos”: así reaccionó el campo argentino tras el anuncio de Javier Milei sobre el regreso de las retenciones a partir de julio. La frase se repitió en distintas entidades del agro, entre productores y exportadores que, en plena cosecha, recibieron con desconcierto la noticia de que el alivio fiscal que les había otorgado el Gobierno terminará dentro de poco más de dos meses.
La decisión fue confirmada por el propio Presidente, quien dejó claro que la baja temporal de las alícuotas —implementada en enero como parte de un paquete de medidas para incentivar el ingreso de divisas— no será prorrogada. “Avísenle al campo que si tiene que liquidar, que liquiden ahora”, lanzó Milei en una entrevista, en tono directo y sin espacio para dobles lecturas.
El anuncio cayó como un baldazo de agua fría sobre un sector que, entre lluvias intensas, caminos intransitables y demoras en la cosecha, esperaba una señal de continuidad en los beneficios fiscales. “Creíamos que al menos se iba a evaluar una prórroga. Este cambio nos toma desprevenidos y genera más incertidumbre en un momento muy complicado”, se lamentó un productor del sur de Santa Fe, consultado por medios locales.
Las ventas de soja y maíz, los principales cultivos del país, están notablemente atrasadas. Los datos oficiales muestran que, hasta inicios de abril, solo se había comercializado el 20% de la cosecha, el ritmo más lento de los últimos diez años. A las dificultades climáticas se suma la cautela del sector frente al nuevo régimen cambiario. Con la liberalización parcial del tipo de cambio, muchos productores especulan con una suba del dólar en los próximos meses, y prefieren esperar antes de vender.
En ese contexto, la posibilidad de que vuelvan las retenciones en su versión anterior —más elevadas— pone en jaque las decisiones comerciales de miles de chacareros, acopiadores y exportadores. No se trata solo de un ajuste de números, sino de un golpe directo a la rentabilidad en una campaña que ya venía con márgenes ajustados.
Desde las entidades rurales comenzaron a elevar su voz, reclamando que el Ejecutivo revise la decisión y mantenga, por al menos algunos meses más, el esquema reducido. “Es una medida que ayudó a oxigenar un poco al sector. Cortarla de golpe es volver a la asfixia fiscal”, expresaron desde Confederaciones Rurales Argentinas.
Por su parte, el Gobierno argumenta que el alivio era transitorio y que la situación fiscal del país no permite extenderlo. En los pasillos oficiales se habla de la necesidad de cumplir con las metas comprometidas ante el FMI y mantener una política tributaria ordenada.
La tensión, mientras tanto, crece. Y lo hace en medio de una cosecha gruesa que viene con demoras, pérdidas potenciales y, ahora, con un nuevo factor de presión sobre la mesa. El campo, pilar histórico de las exportaciones argentinas, se enfrenta otra vez a una disyuntiva vieja pero siempre actual: producir en un contexto cambiante, donde la previsibilidad sigue siendo un bien escaso.
