Mayoristas rechazan aumentos tras la salida del cepo y denuncian especulación en los precios

La reciente salida del cepo cambiario volvió a sacudir al mercado argentino. Apenas se conoció la medida, muchas empresas proveedoras de alimentos y productos comenzaron a enviar nuevas listas de precios con fuertes aumentos. Frente a esta situación, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) salió con los tapones de punta: emitió un comunicado expresando su más enérgico rechazo a lo que calificó como incrementos “injustificados”.

“Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, expresó CADAM, y pidió a los proveedores “responsabilidad” para evitar distorsiones en el mercado que “generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”.

La situación no es menor. En los últimos días, muchas distribuidoras y comercios de cercanía se encontraron con listas que marcaban subas del 30%, 40% y hasta 50% en algunos productos básicos. Todo, en medio de un contexto aún volátil, con un dólar oficial más alto, un blue en descenso, y un mercado en estado de alerta permanente.

Desde CADAM advirtieron que este tipo de maniobras tienen un claro componente especulativo. Alfredo Guida, presidente de la entidad, explicó que la devaluación del tipo de cambio oficial fue interpretada por muchas empresas como una excusa para subir precios preventivamente, sin esperar a que se estabilicen los nuevos valores de referencia. “En tres meses, cuando todo se acomode, estos aumentos van a quedar desfasados”, adelantó.

Pero no es sólo CADAM la que levantó la voz. También lo hicieron desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que en un comunicado conjunto advirtieron que podrían dejar de recibir productos que lleguen con precios desmedidos. “No podemos ser cómplices de abusos que golpean directamente el bolsillo de los consumidores”, remarcaron.

En Mendoza, por ejemplo, se vivió una pequeña “marcha atrás”: varios proveedores que habían aplicado subas agresivas tras la elección de Javier Milei, luego retrotrajeron los aumentos al ver que el gobierno mantenía el programa Precios Justos. La corrección fue notable: de listas con subas del 50% pasaron a aumentos del 15% o 20%, un gesto que, si bien no resuelve el problema de fondo, al menos llevó algo de alivio a los comercios de la provincia.

Otro punto que genera preocupación es el peso de la carga fiscal en toda esta cadena. Desde CADAM recordaron que, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, casi la mitad del precio final de los productos son tributos. “Estamos hablando de un 49% de carga impositiva desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega al consumidor. Es insostenible”, señalaron.

En este escenario, los mayoristas insisten en la necesidad de diálogo y medidas concretas para evitar que la inflación se dispare nuevamente. Reclaman al gobierno nacional, pero también a las provincias y municipios, que se involucren activamente para frenar la caída del consumo y proteger a los más de 140 mil comercios de cercanía que hoy forman parte del entramado comercial argentino.

La tensión entre proveedores, distribuidores y minoristas no es nueva, pero en un contexto como el actual, con la economía tambaleando y los ánimos sociales caldeados, cada movimiento cuenta. Lo que está en juego no es solo la rentabilidad de un sector: es el acceso de millones de argentinos a productos esenciales, a precios que puedan pagar.