La medida alcanza a redes troncales que conectan Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y busca asegurar capacidad y confiabilidad en el transporte de hidrocarburos.
La prórroga rige a partir de noviembre de 2027 y se alinea con un cronograma de obras de modernización y seguridad operacional que YPF venía negociando con Nación.
En Mendoza, el impacto será directo sobre logística y costos, con foco en mantenimiento de ductos y ampliaciones puntuales para sostener picos de producción. (Inferencia a partir del alcance territorial informado.)
El paquete de USD 364 millones se destinaría a recambios, estaciones de bombeo, sistemas de monitoreo y mitigación ambiental.
Para el Gobierno, la extensión brinda previsibilidad regulatoria y expectativas de menor siniestralidad en la red, clave para exportaciones futuras.
La medida convive con otros frentes abiertos de YPF en tribunales y negociaciones de deuda, pero sella un capítulo de política energética con horizonte de una década.
Empresarios locales valoran la señal de largo plazo; críticos piden auditorías independientes sobre el cumplimiento de obras e hitos ambientales.
