La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó en el centro de una investigación judicial tras ser imputada por el fiscal Franco Picardi. La denuncia apunta a una presunta malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, vinculada a una resolución firmada en febrero para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos que no se habría concretado.
Nacionales25/04/2025 Expreso Mendoza
En medio de un clima social cada vez más sensible por la crisis económica y la falta de respuestas en áreas clave, un nuevo escándalo golpea al Gobierno nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada este jueves por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la compra de alimentos. El fiscal federal Franco Picardi decidió avanzar con la investigación luego de recibir una denuncia penal que encendió todas las alarmas.
Según el expediente, Pettovello firmó el pasado 8 de febrero una resolución que autorizaba la transferencia de 14.000 millones de pesos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo era adquirir un millón de paquetes de alimentos básicos —como leche en polvo, arroz y fideos— destinados a comedores comunitarios en todo el país. Sin embargo, la compra nunca se concretó y los alimentos jamás llegaron a destino.
El denunciante, el abogado Leonardo Martínez Herrero, plantea que la maniobra no solo habría violado la Ley de Administración Financiera —que exige la autorización del jefe de Gabinete para gastos superiores a los $2.700 millones—, sino que además expone un posible caso de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. En su denuncia sostiene que la ministra avanzó sin la firma de Nicolás Posse, quien en ese entonces ocupaba la jefatura de Gabinete, y que el PNUD ya cobró una comisión del 3% por una compra que nunca ocurrió.
Lo llamativo es que este no sería un hecho aislado. En los últimos meses, Pettovello ya había sido cuestionada por otra operación similar: una transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), también para la compra de alimentos, en condiciones poco claras y sin resultados verificables.
El caso recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente vacante, por lo que en principio la causa será manejada por la Secretaría correspondiente, mientras se esperan definiciones del Consejo de la Magistratura. En paralelo, el fiscal Picardi ya solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar en la recolección de documentación oficial y contratos vinculados a la operación.
Desde el Gobierno, en vez de dar explicaciones, eligieron el camino de la confrontación. El presidente Javier Milei salió en defensa de Pettovello y calificó las denuncias como parte de una "operación sucia" contra su gestión. “Son hipócritas, chorros y mentirosos. La casta política está en pie de guerra porque por primera vez alguien está limpiando la mugre del Estado”, dijo el mandatario durante una entrevista radial.
Sin embargo, la polémica crece y ya hay preocupación en sectores sociales y organizaciones que dependen de la asistencia alimentaria del Estado para sostener los comedores. Con la inflación golpeando con fuerza y el aumento del hambre en los barrios populares, la falta de alimentos en estos espacios se volvió una verdadera emergencia.
Ahora la justicia tendrá que determinar si se trató de una torpeza administrativa, una decisión política sin respaldo legal o, como sospecha la denuncia, un posible delito con fondos públicos. Lo cierto es que, en un contexto tan delicado, este tipo de escándalos resquebrajan aún más la relación entre el Estado y los sectores más vulnerables. Y la confianza, como los alimentos, no se compra ni se recupera tan fácil.
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