El caso Nahuel Gallo reaviva la tensión diplomática con Venezuela

La detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo en Venezuela, ocurrida hace más de cuatro meses, se ha convertido en uno de los conflictos diplomáticos más delicados del último tiempo entre la Argentina y el régimen de Nicolás Maduro. Lejos de tratarse de un incidente aislado, el caso ha sumado capítulos cargados de tensión, denuncias internacionales, incertidumbre y una profunda preocupación por el paradero y estado de salud del suboficial mendocino.

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, había viajado a Venezuela en diciembre de 2024 para visitar a su pareja y a su pequeño hijo de casi dos años. Ingresó al país desde Colombia el 8 de diciembre, en calidad de civil y durante sus vacaciones. Pero poco después, las autoridades venezolanas lo detuvieron en circunstancias aún poco claras. Según Caracas, intentó entrar de forma irregular y tenía vínculos con “acciones terroristas”. Una acusación grave que, hasta ahora, no ha sido acompañada por pruebas concretas ni por un proceso judicial transparente.

Desde ese momento, el gobierno argentino comenzó a mover piezas en el tablero diplomático. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce de las acusaciones venezolanas y denunció que el arresto era completamente arbitrario. Aclaró que Gallo no estaba en funciones, que su viaje fue personal y que no hay ningún elemento que lo vincule con actividades ilícitas. Por su parte, el presidente Javier Milei endureció su posición hacia Maduro y decidió romper relaciones diplomáticas con Venezuela, reconociendo en cambio al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

Mientras tanto, la situación de Gallo permaneció envuelta en una espesa niebla. Su familia perdió todo contacto, sus abogados no pudieron acceder al expediente ni comunicarse con él, y no se sabía en qué cárcel estaba. Las únicas imágenes que surgieron de su detención fueron difundidas por medios oficiales venezolanos semanas después, sin que Argentina recibiera notificación formal alguna.

En este contexto de absoluta opacidad, más de 20 abogados —entre ellos el mendocino Carlos Varela Álvarez, el exjuez Alejandro Pérez Hualde y la jurista Soledad García Muñoz, exrelatora de la CIDH— decidieron impulsar una demanda internacional contra Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente, le dio curso al reclamo, exigiendo que se garantice de inmediato el acceso a la defensa, se informe sobre su paradero y se respete su integridad física y psicológica.

“La situación es tremenda. Sabemos que lo tiene el Estado venezolano, pero no hay contacto con la familia ni con los abogados. No hay juez, no hay expediente, no hay nada. Estamos frente a una desaparición forzada”, advirtió Varela Álvarez esta semana en Aconcagua Radio. “Estos casos tienen un momento de exposición y después desaparecen. Por eso seguimos trabajando para mantenerlo visible, para presionar”, agregó.

La gravedad del caso no solo radica en el encierro prolongado y sin garantías de Gallo, sino también en las implicancias diplomáticas y humanitarias que despierta. Venezuela, al sostener las acusaciones sin permitir un proceso regular, profundiza su aislamiento internacional y alimenta las sospechas de persecución política. Argentina, por su parte, denuncia un crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y exige su liberación inmediata.

A medida que pasan los días, la incertidumbre crece. ¿Dónde está Nahuel Gallo? ¿En qué condiciones lo mantienen? ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse este silencio? Las respuestas siguen sin aparecer. Y detrás de la retórica de los gobiernos, hay una familia rota, un niño esperando a su padre y un país que, cada vez más, siente que uno de los suyos está secuestrado por una dictadura.