El humorista Cacho Garay fue liberado por la justicia mendocina luego de pasar casi dos años detenido acusado de múltiples delitos, incluyendo abuso sexual y violencia de género. A pesar de su liberación, el proceso judicial continúa con importantes medidas cautelares y la causa se prepara para su próximo paso hacia el juicio.
Provinciales30/04/2025 Expreso Mendoza
Después de casi dos años de detención, el humorista Cacho Garay fue liberado por decisión de la justicia mendocina. La jueza Natacha Cabeza accedió al pedido de su defensa, encabezada por Daniel Romero, de cesar la prisión preventiva, imponiendo, sin embargo, una fianza de $7 millones y una serie de estrictas medidas cautelares.
Garay, quien está acusado de una serie de delitos que incluyen abuso sexual, amenazas y violencia de género en el contexto de su relación con su ex pareja, recibió la libertad bajo ciertas condiciones. La jueza justificó su fallo principalmente en el estado de salud del acusado, que padece cáncer de próstata, diabetes y problemas de visión, y también en el hecho de que la denunciante, Verónica Macías, reside actualmente en Córdoba, lo que disminuye el riesgo de contacto directo.
El abogado defensor expresó que su cliente está “muy feliz” con la resolución, ya que lleva más de dos años entre prisión preventiva y arresto domiciliario, tiempo en el que Garay ha sido sometido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico, condiciones que también se mantendrán como parte de su liberación. Además, la jueza ordenó que el humorista no pueda salir de Mendoza ni del país, le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia.
A pesar de la liberación, la causa sigue su curso. En la próxima semana, la jueza deberá decidir sobre la posibilidad de elevar la causa a juicio, una medida que ya había solicitado la fiscalía. La acusación contra Garay incluye delitos graves como abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, los cuales fueron cometidos en el marco de violencia de género. También se investiga a Sandra Astudillo Staffolani, ex empleada legislativa y cómplice de los hechos, quien se encuentra con prisión domiciliaria.
Este caso ha captado la atención de la sociedad, no solo por tratarse de una figura pública, sino por las implicaciones que tiene en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Si bien la decisión de liberar a Garay ha generado controversia, el proceso judicial continuará en busca de justicia para la denunciante y en un contexto en el que el país sigue enfrentando una creciente demanda de medidas más firmes frente a los casos de abuso y violencia doméstica.
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