El Congreso se encamina a aprobar la baja de la edad de imputabilidad en medio de fuertes tensiones sociales

    El oficialismo y sus aliados buscan avanzar esta semana con el dictamen del proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa genera apoyos en sectores del PRO y el Frente Renovador, pero despierta un fuerte rechazo de la Iglesia y organizaciones sociales que advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza.

    Nacionales04/05/2025 Expreso Mendoza

    El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados se preparan para dar un paso decisivo en uno de los debates más sensibles de los últimos tiempos: la baja en la edad de imputabilidad penal. El proyecto, que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado penalmente por delitos graves, está listo para obtener dictamen esta semana y podría tratarse en el recinto antes de que termine mayo.

    Impulsada por La Libertad Avanza, con el respaldo del PRO, parte de la UCR y legisladores del Frente Renovador, la iniciativa busca posicionar nuevamente al oficialismo en la agenda parlamentaria luego de semanas marcadas por la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el escándalo por la criptomoneda Libra. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, convocó para este martes a una reunión clave en la que se intentará alcanzar el mayor consenso posible y cerrar el dictamen de mayoría.

    El texto del proyecto establece que los menores de 14 años podrían ser juzgados si cometen delitos tipificados como graves, aunque con un régimen penal especial: no se les podrá aplicar la pena de reclusión perpetua, y el máximo de prisión será de 20 años, aún si el delito cometido implique penas más severas para un adulto. El Gobierno sostiene que quien comete un delito como un adulto debe enfrentar consecuencias proporcionales, aunque adaptadas a su edad y condición.

    A la vez, el proyecto contempla medidas orientadas a la rehabilitación, con programas de educación, formación ciudadana, deporte y tratamiento médico. Introduce además la figura del "supervisor", encargado de acompañar a los jóvenes en su proceso de reinserción. También se prevé que, cumplidos dos tercios de la pena, se evalúe la posibilidad de pasar al régimen de prisión domiciliaria.

    Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores. La Iglesia Católica expresó su rechazo a la iniciativa. Desde La Rioja, el obispo Dante Braida pidió a los legisladores que posterguen la votación y abran un espacio más profundo de discusión. “Encerrar a un chico no resuelve el problema de fondo”, advirtió, en referencia a las condiciones de exclusión social y la presencia del narcotráfico en barrios vulnerables.

    Tampoco faltaron las críticas desde organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes afirman que la medida no atacará la raíz de la inseguridad y, por el contrario, aumentará la criminalización de la pobreza. Desde estos espacios insisten en que se necesita más inversión en educación, salud y contención social, no más cárceles para menores.

    En paralelo, hay al menos una docena de proyectos sobre la mesa con propuestas que varían entre los 12 y 16 años como edad mínima de imputabilidad. Aunque algunos dentro del oficialismo hubieran preferido establecerla en 13 años, el consenso actual apunta a los 14 como una fórmula intermedia que permita avanzar.

    Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes reclaman medidas más duras frente a delitos cometidos por menores, y quienes creen que el castigo temprano solo perpetúa un ciclo de exclusión. En este contexto, el Congreso se apresta a tomar una decisión que podría marcar un cambio profundo en la manera de entender la responsabilidad penal juvenil en la Argentina.

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