El Gobierno mendocino comenzará a cobrar a conductores que dañen infraestructura en accidentes de tránsito

En Mendoza, a partir de ahora, los conductores que provoquen accidentes de tránsito y ocasionen daños a la infraestructura pública deberán hacerse cargo económicamente de las consecuencias. El Gobierno provincial formalizó esta medida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, y ya comenzó a aplicarla con casos concretos.

La normativa busca poner un freno a la creciente cantidad de siniestros viales que terminan no solo con vehículos destruidos, sino también con postes, semáforos, luminarias y cartelería urbana dañados, elementos que muchas veces son ignorados por los responsables. En este nuevo esquema, cada columna derribada, cada señal aplastada o cada guardarraíl torcido tendrá un precio, y lo pagará quien lo rompió.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, instruyó a la Dirección Provincial de Vialidad y a los municipios para que articulen un procedimiento ágil que permita reclamar judicial o administrativamente el costo de esos daños. También se pidió a la Policía Vial que incluya en los informes de accidentes un detalle técnico de los perjuicios ocasionados, algo que antes no siempre se hacía.

Este giro en la política vial no es solo una respuesta al desorden que generan ciertos siniestros, sino también una manera de proteger el patrimonio público. Se estima que las reparaciones tras un accidente suelen superar con facilidad los millones de pesos, sumas que hasta ahora eran absorbidas por el Estado y, en definitiva, por toda la ciudadanía.

Hay antecedentes recientes que marcaron la pauta. En marzo, un automovilista que circulaba por la Costanera derribó un poste de luz al distraerse con el celular. Aunque no estaba alcoholizado, el Gobierno le reclamó $8.500.000. El seguro respondió por él. Otro joven, en estado de ebriedad, chocó en el Corredor del Oeste y tiró abajo tres luminarias: tendrá que pagar $13.500.000. Ambos casos se resolvieron mediante acuerdos judiciales.

La medida se ampara en la Ley de Tránsito N° 9024, que ya contemplaba esta posibilidad, aunque hasta ahora no se había implementado de forma sistemática. Con este nuevo impulso, las autoridades buscan dar una señal clara: quien daña, paga. Ya no alcanzará con asumir una multa o responder ante el seguro. La restitución de lo destruido será una obligación concreta.

En un contexto de aumento de accidentes viales y con estadísticas que alertan sobre la siniestralidad en rutas y calles mendocinas, la resolución pretende generar conciencia y responsabilidad. Y también justicia: que los costos de la imprudencia no los termine pagando el resto de los ciudadanos.

En definitiva, el mensaje es simple y contundente: manejar distraído, alcoholizado o a alta velocidad no solo puede costar vidas, sino también millones. Y el que rompe, esta vez, paga.