Diputados aprueba dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años en medio de un fuerte debate político y social

La Cámara de Diputados dio un paso clave en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil al aprobar en comisión un dictamen que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con 77 firmas y el respaldo del oficialismo y bloques aliados, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, en medio de un clima de fuerte polarización política y social.

El nuevo régimen, que reemplazaría a la ley vigente desde 1980, apunta a crear un sistema específico para adolescentes que cometan delitos. Aunque establece que la privación de libertad solo se aplicará en casos graves y bajo resolución judicial, permite que menores desde los 14 años puedan enfrentar consecuencias penales. También prohíbe expresamente la prisión perpetua para los adolescentes y plantea penas máximas de hasta 15 años en casos extremos.

El proyecto incorpora principios como la garantía del debido proceso, la proporcionalidad de las penas, el derecho a la defensa y la reinserción social. Las sanciones podrán cumplirse en domicilios, centros especializados o unidades separadas dentro de establecimientos penitenciarios, siempre que se respete la condición de minoría de edad y se privilegien medidas educativas por sobre las punitivas.

Entre los promotores del dictamen se encuentran representantes del PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Desde esos espacios destacaron la necesidad de actualizar la legislación frente a delitos cometidos por menores. Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, afirmó que se trata de un reclamo sostenido desde hace años y celebró que finalmente se haya dado un paso hacia el tratamiento del tema en el recinto. José Luis Espert, en sintonía, argumentó que quienes cometen delitos graves deben afrontar responsabilidades legales, sin importar la edad.

Pese al respaldo mayoritario, hubo fuertes críticas desde la oposición. Diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa con dureza, argumentando que criminaliza la pobreza y convierte a los adolescentes en chivos expiatorios. Cuestionaron además que no exista una infraestructura adecuada para albergar a menores en caso de detención, lo que podría derivar en condiciones inconstitucionales de encierro.

Incluso dentro de los bloques que acompañaron el dictamen surgieron voces en disidencia. Algunos legisladores advirtieron que no debería aplicarse ninguna medida de privación de libertad mientras no se garanticen instituciones especializadas, y reclamaron una mirada más centrada en la prevención, la educación y la contención familiar.

A pesar de las diferencias, hay consenso en que la legislación penal juvenil necesita una actualización. Lo que sigue dividiendo aguas es el enfoque: mientras algunos buscan una respuesta rápida ante el aumento de delitos protagonizados por adolescentes, otros insisten en que el problema no se resuelve con más castigo, sino con políticas sociales más profundas.

Ahora, con el dictamen aprobado, el proyecto queda en manos del pleno de Diputados. El debate promete ser intenso, con argumentos jurídicos, éticos y sociales cruzándose en un tema que interpela a todo el arco político y a la sociedad en su conjunto.