Un caso de una gravedad conmovedora sacudió a la comunidad educativa de Guaymallén esta semana. Un celador de la escuela José Cartellone, ubicada en el barrio El Bermejo, fue aprehendido luego de ser acusado de abusar sexualmente de un niño de apenas seis años, alumno de primer grado. La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien contó cómo su hijo llegó a casa con un relato desgarrador que la llevó a actuar de inmediato.
El pequeño no tuvo clases ese día porque la maestra no asistió, por lo que fue llevado a la Dirección del colegio. Al regresar a su casa, estalló en llanto y narró lo que había vivido, dejando a su madre con el corazón roto y la certeza de que algo terrible había ocurrido dentro de la institución educativa. Con rapidez, lo llevaron al Hospital Notti para que recibiera atención médica y luego formalizaron la denuncia ante las autoridades.
Tras la denuncia, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, ordenó la aprehensión del celador, que se concretó alrededor de las ocho de la noche. La policía se presentó en el domicilio del sospechoso, lo notificó de la imputación y lo trasladó para quedar a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras se reúnen más pruebas y se evalúa su situación procesal.
La indignación de los vecinos y padres no tardó en hacerse sentir. Decididos a expresar su rechazo y exigir justicia, se movilizaron hasta la puerta de la escuela y cortaron la calle Avellaneda. La protesta, cargada de emoción y bronca, incluyó la quema de arbustos y tensos enfrentamientos con la policía, donde incluso un efectivo resultó herido por el lanzamiento de piedras. El ambiente era de profunda conmoción, un reflejo del dolor y la desconfianza que se instaló en una comunidad que espera respuestas urgentes.
“No podemos permitir que esto siga pasando, que un niño sufra dentro de un lugar que debería protegerlo”, expresó una de las madres, visiblemente afectada. El reclamo es un grito colectivo por la seguridad de los niños y por el fin de los abusos en los espacios escolares.
Este hecho ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles y garantías para el personal que trabaja en las escuelas, especialmente para quienes están en contacto directo con los niños. Las autoridades educativas están bajo presión para implementar medidas que eviten que personas con antecedentes o acusaciones puedan estar cerca de los alumnos. La comunidad exige acciones concretas que den tranquilidad y certidumbre a las familias.
Mientras tanto, la fiscal continúa con la investigación y espera nuevos informes médicos y testimoniales que serán claves para determinar la imputación formal al acusado. En medio de la tristeza y la bronca, hay una esperanza firme: que este caso sirva para poner fin a situaciones que deberían ser impensables en un ámbito escolar.
